El Parlamento aprobó otorgar facultades legislativas al gobierno encabezado por José Jerí por un plazo de 60 días, con el objetivo de implementar acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad. Dentro de este paquete, se autoriza al Ejecutivo a incorporar un nuevo delito vinculado a la divulgación de información reservada relacionada con procesos penales y operativos policiales.
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Preocupación por impacto en la libertad de prensa
Dado que la norma específica aún no ha sido desarrollada, no se ha definido con claridad a quiénes alcanzaría esta restricción ni cuáles serían las sanciones aplicables. No obstante, en el decreto publicado el 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano se adelanta que se contemplará un supuesto particular de inhabilitación en caso de condena por este delito, asegurando —según el texto— el respeto a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional.
La iniciativa, presentada el pasado 20 de noviembre, incluía una serie de propuestas; sin embargo, fue la posible tipificación del delito de revelación de información la que encendió las alertas entre organizaciones periodísticas.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió mediante un pronunciamiento que la medida representaría una amenaza directa al periodismo de investigación. Según el gremio, la propuesta sanciona la difusión de información de interés público, configura un escenario de censura y expone a persecución a las fuentes confidenciales, además de vulnerar el secreto profesional.
La ANP también sostuvo que la eventual aplicación de esta norma podría limitar el acceso a información sobre investigaciones penales de alto interés público, especialmente en contextos donde existen actores relevantes involucrados en dichos procesos.
Desde el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), su director Rodrigo Salazar expresó que la amplitud del planteamiento genera un riesgo adicional, ya que podría afectar no solo a funcionarios públicos o fiscales, sino también a periodistas. En declaraciones a RPP, afirmó textualmente: “Es muy amplio. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista”, y advirtió que, bajo una interpretación extensiva, un fiscal podría considerar reservada cierta información policial y proceder contra quien la publique.
Por ello, Salazar remarcó la necesidad de establecer límites claros y “poner un candado” que excluya expresamente a la labor periodística, sobre todo ante el riesgo de que la norma termine funcionando como un mecanismo de protección indebida para la Policía Nacional del Perú.
