El Congreso de la República anunció que tomará acciones legales para impedir que el expresidente Pedro Castillo acceda a una pensión vitalicia. A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el Legislativo informó que la Procuraduría del Congreso presentará una apelación contra la resolución judicial que beneficia al exmandatario con un pago mensual de S/15.600.
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La apelación será presentada este jueves 2 de octubre y busca revertir la decisión del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, que falló a favor de Castillo un día antes, ordenando al Congreso otorgarle el beneficio económico. Si la resolución se mantiene en segunda instancia, el exjefe de Estado recibiría una pensión equivalente a la remuneración de un congresista en funciones.
El fallo judicial y el argumento de trato desigual
La controversia se originó tras una demanda de amparo presentada por Pedro Castillo, luego de que el Congreso rechazara en dos oportunidades —abril y mayo de 2024— su solicitud para recibir la pensión que le correspondería como expresidente. La negativa del Parlamento se basó en el artículo 2 de la Ley N.º 26519, que suspende dicho derecho en casos donde exista una acusación constitucional, a menos que el implicado sea declarado inocente por el Poder Judicial.
Cabe recordar que el 17 de febrero de 2023, el Congreso aprobó una resolución legislativa que formalizaba la acusación constitucional contra Castillo Terrones por presuntamente liderar una organización criminal. Sin embargo, el mismo Parlamento aprobó años antes otorgar pensión vitalicia a Alberto Fujimori, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción.
El juzgado que atendió el caso de Castillo señaló que el Congreso actuó de manera inconsistente. Según el fallo, se evidenció una diferencia injustificada en el trato entre ambos exmandatarios. El documento judicial subraya que:
“En efecto, al expresidente José Pedro Castillo Terrones le deniegan la pensión vitalicia en virtud del artículo 2° de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori se le otorga la pensión, señalando que el mismo artículo atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia”.
Desde el Poder Judicial se cuestionó que el Congreso no haya sustentado adecuadamente la diferencia en la aplicación de la ley en casos similares, lo que —a criterio del juzgado— vulneraría principios constitucionales.
Mientras se espera la decisión de la segunda instancia, el Congreso intentará frenar el pago de esta pensión, argumentando que el otorgamiento sin sentencia absolutoria iría en contra de la norma vigente.
