La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las manifestaciones sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Esta decisión fue tomada al considerar que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, al no encontrarse una relación directa entre los hechos denunciados y posibles infracciones constitucionales o delitos penales.
La denuncia fue impulsada por la congresista Ruth Luque, y alcanzaba también a seis exministros del gobierno de Boluarte, entre ellos Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello, a quienes se les responsabilizaba por el uso excesivo de la fuerza pública, lo que habría derivado en decenas de fallecidos y cientos de heridos.
Sin embargo, con el respaldo de bancadas afines al Ejecutivo, la SAC declaró improcedente la denuncia, lo que ha sido interpretado como una muestra de apoyo político a la presidenta en medio de su baja aprobación ciudadana.
Pese a la decisión del Congreso, la comunidad internacional ha expresado su preocupación sobre la actuación del Estado peruano durante las protestas.
Congreso no tomó en cuenta exhortación de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en 2023 tras visitar las regiones más afectadas, en el cual concluyó que hubo un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
El documento señala que muchas víctimas fueron alcanzadas por proyectiles en la parte superior del cuerpo y que varios fallecidos ni siquiera participaban directamente en las protestas.
En ese sentido, la CIDH exhortó al Estado peruano a investigar, juzgar y sancionar estos hechos, al considerar que representan graves vulneraciones a los derechos humanos.
A pesar de estas recomendaciones, el Congreso ha optado por no dar curso a la denuncia constitucional, lo que podría generar mayores tensiones políticas y sociales en un contexto ya polarizado. La decisión también podría tener repercusiones en el plano internacional, especialmente ante organismos que monitorean el cumplimiento de los derechos humanos en la región.
