La Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) señaló que suspenderá su participación en la mesa de diálogo con el Ejecutivo y convocará a una movilización nacional si el Gobierno no modifica el Decreto Supremo 009-2025-EM, que viene afectando a unos 20 mil mineros artesanales.
Esta norma, vigente desde mayo, otorga solo 90 días para que los mineros artesanales obtengan permisos de uso de explosivos, un requisito que el gremio considera inviable por la falta de infraestructura adecuada, como polvorines.
Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin, explicó que el plazo impuesto por el decreto excluye de inmediato a más de 20 mil mineros en proceso de formalización. “Vamos a salir a las calles sí o sí porque tenemos que defender nuestro trabajo. Si no se modifica hasta el día 17, el 18 más de 20.000 mineros serían excluidos”, sostuvo el dirigente.
Bequer denunció que no existen condiciones reales para cumplir con el decreto, ya que no hay suficientes polvorines donde almacenar explosivos. “¿Dónde vamos a guardar los polvorines? No existen. Entonces, es una clara intención del ministro para excluirnos”, reclamó.
Agregó que este tipo de medidas vulnera el derecho fundamental al trabajo de miles de peruanos que dependen de la minería artesanal para subsistir.
Asimismo, criticó duramente la dinámica de la mesa técnica de diálogo instalada por el Gobierno, calificándola como “una mesa de sordos” donde las demandas de los mineros no son escuchadas ni atendidas.
“No se soluciona el problema, solo se dilata”, expresó el líder minero, quien ha pedido reiteradamente una modificación real de la normativa para permitir un proceso de formalización viable.
Gobierno señala que no dará marcha atrás ante petición de Confemin
En respuesta, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que el Gobierno no derogará el Decreto Supremo 009-2025-EM, como exigen los gremios mineros. En su lugar, anunció la emisión de una resolución directoral aclaratoria por parte del Ministerio de Energía y Minas, que precisará el alcance de la norma sin alterar su marco legal.
Uno de los puntos más críticos de la norma es su relación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), responsable del control del uso de explosivos.
Según Arana, la disposición no es de aplicación automática, ya que depende de información aún no entregada por los gobiernos regionales. Sin embargo, los gremios mineros consideran que su sola vigencia ya es una amenaza directa.
