El Distrito Fiscal de Arequipa logró que un oficial de Aduanas de la SUNAT sea condenado a 8 años de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos, tras no poder justificar el origen de los fondos con los que adquirió terrenos, construyó viviendas y compró vehículos.
Además del servidor público, también fueron sentenciados su esposa y hermano, quienes actuaron como cómplices en la comisión del ilícito.
Las investigaciones revelaron que Mario Simangas B. con su remuneración de oficial aduanero en el 2002, no tenía la capacidad económica para invertir más de $ 85 mil en la construcción de los pisos segundo y tercero y la azotea de un inmueble, en Tacna.
El 2006, Simangas adquirió un predio, en Arequipa, donde invirtió más de $ 59 mil por un terreno y una edificación de dos pisos. Asimismo, el 2011 compró dos terrenos en Lima, uno por $ 13 mil y otro por $ 24 mil.
El 2014, invirtió S/ 30 mil en un predio en Tacna, y en 2015 pagó $ 24 mil por un terreno en Piura. El imputado también adquirió dos camionetas, una el 2013 valorizada en $ 10.500 y otra el 2017 cuyo costo fue de $ 18.500.
Cabe indicar que las propiedades situadas en Tacna y Piura fueron registradas a nombre de su esposa Yeny Enrique P. mientras los inmuebles de Arequipa, Lima y los dos vehículos estaban inscritos a nombre de su hermano Julio Simangas. Estas dos personas no contaban con la capacidad monetaria para justificar dichas adquisiciones.
Durante el proceso, la Fiscalía probó que el dinero para la adquisición de los bienes fue proporcionado por Mario Simangas B. el cual no tuvo origen en los ingresos que de manera legal percibía.
Oficial de Aduanas apeló, pero sentencia fue ratificada
Esto permitió que la fiscal provincial especializada Ruth Melina Rivera consiga una primera sentencia de ocho años de prisión para los involucrados, el decomiso de los bienes, el pago de una reparación civil de 250 mil soles y además deban pagar 120 días multa que asciende a S/ 12 mil 600.
Los acusados apelaron, pero el fiscal adjunto al superior, Jorge Peña Araníbar de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lavado de Activos, logró que el veredicto fuera confirmado en segunda instancia quedando firme la condena.
