El Colegio Médico del Perú, Consejo Regional V de Arequipa, expresó su rechazo a la decisión judicial que ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los médicos Álex Limachi Centeno y Gonzalo Andrés Delgado Zegarra, quienes son investigados por la muerte de un niño de 7 años ocurrida durante una intervención médica en un establecimiento privado de la ciudad.
El Colegio Médico de Arequipa manifestó su rechazo a la orden de nueve meses de prisión preventiva contra los médicos Álex Limachi Centeno y Gonzalo Andrés Delgado Zegarra. Los profesionales son investigados por el fallecimiento de un menor de siete años ocurrido durante una intervención en un centro médico privado de la ciudad. El gremio argumenta que esta medida judicial vulnera la presunción de inocencia y genera incertidumbre en el ejercicio de la labor asistencial de salud. La institución enfatizó que un desenlace adverso en medicina no constituye automáticamente una conducta dolosa, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias del caso.
- El gremio médico sostiene que la prisión preventiva debe ser excepcional y no aplicarse antes de una sentencia firme.
- Advierten que estas decisiones judiciales pueden afectar el normal desarrollo de la labor asistencial por el temor generado entre los especialistas.
- La investigación se centra en la muerte del niño Gustavo, quien sufrió una fractura de brazo y fue trasladado desde el Hospital Goyeneche hacia una clínica privada.
- El Colegio Médico exige una investigación objetiva que respete los derechos fundamentales de los profesionales involucrados en el proceso.
A través de un comunicado oficial, el gremio médico manifestó su preocupación por la medida coercitiva impuesta a los profesionales de la salud, al considerar que podría vulnerar principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías reconocidas por la Constitución y el sistema judicial peruano.
En el pronunciamiento, el Colegio Médico sostuvo que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente en circunstancias excepcionales y no antes de que se determine la responsabilidad penal de una persona mediante una sentencia firme.
La institución señaló que la medida judicial adoptada contra los dos cirujanos genera preocupación en el sector médico, debido a que el proceso de investigación aún se encuentra en curso y no existe una decisión definitiva sobre los hechos materia de investigación.
Asimismo, el gremio enfatizó que el ejercicio de la medicina implica riesgos inherentes y que un desenlace adverso durante una atención médica no constituye, por sí mismo, una conducta dolosa o una intención de causar daño al paciente.
Temor entre los profesionales de la salud
El Colegio Médico advirtió que este tipo de decisiones judiciales podrían generar temor e incertidumbre entre los profesionales de la salud, afectando el normal desarrollo de su labor asistencial.
Según indicó, la práctica médica requiere que los especialistas puedan desempeñar sus funciones con independencia y dentro del marco de la ciencia médica, sin que los resultados negativos sean interpretados automáticamente como actos delictivos.
Por ello, la institución hizo un llamado a las autoridades para garantizar una investigación objetiva y respetuosa de los derechos de todas las partes involucradas.
Caso continúa en investigación
El proceso judicial está relacionado con la muerte del menor Gustavo, de 7 años, quien falleció antes de ingresar a una cirugía por una fractura de brazo, luego de ser trasladado desde el Hospital Goyeneche hacia un establecimiento privado de salud.
Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar eventuales responsabilidades.
