El Poder Judicial ordenó que continúe la investigación penal por la muerte de 27 trabajadores mineros en la unidad de Minera Yanaquihua S.A.C., tragedia ocurrida la madrugada del 5 de mayo de 2023 en la provincia de Condesuyos en Arequipa.
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La decisión se dio luego de que el juzgado rechazara el pedido de archivo definitivo presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos. El caso, según lo dispuesto, deberá ser asumido ahora por un fiscal superior.
La información fue dada a conocer por el medio de investigación Convoca.pe, que sigue el caso desde sus inicios.
El requerimiento de sobreseimiento fue formulado por el fiscal Giovanni Matos Palza, quien sostuvo que no existió dolo por parte de los investigados y que las muertes fueron consecuencia de decisiones tomadas por los propios trabajadores de la contratista Sermigold S.A.C. durante el incendio en el interior de la mina. Sin embargo, esta posición fue duramente cuestionada por el órgano jurisdiccional.
Jueza rechaza tesis de “autopuesta en peligro”
La jueza de Investigación Preparatoria de Condesuyos, María del Carmen Rendón Vigil, declaró infundado el pedido de archivo fiscal al considerar que existen indicios graves de incumplimientos estructurales en materia de seguridad que deben ser evaluados en un juicio oral. Uno de los puntos centrales de su resolución es el rechazo a la tesis fiscal de la “autopuesta en peligro”.
Según la magistrada, este argumento no resulta aplicable porque el incendio que provocó la intoxicación masiva por monóxido de carbono no fue generado por los propios trabajadores. “El riesgo mortal no fue creado por los trabajadores, sino por condiciones estructurales ajenas a su voluntad”, señala la resolución judicial. Por el contrario, el caso encaja en una figura de “heteropuesta en peligro”, donde el empleador mantiene el dominio del riesgo y no puede trasladar la responsabilidad penal a las víctimas.
El fallo judicial advierte deficiencias como instalaciones eléctricas precarias, ausencia de señalización, falta de supervisión técnica obligatoria y operación en turno noche sin ingeniero ni supervisor de seguridad, lo que vulnera el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
Indicios de responsabilidad penal
La jueza Rendón identificó indicios concretos de responsabilidad penal en los cuatro investigados. En el caso de Mario Pérez Anaya, jefe de mina, se cuestiona la autorización de labores nocturnas sin supervisión de seguridad. Sobre Josmel Calli Vilca, jefe de seguridad, se advierte la omisión de corrección de fallas estructurales y la inexistencia de mapas de riesgo y señalización.
Respecto a Leandro Tito Huamani Urday, gerente de Sermigold S.A.C., se determinó que no asignó ingeniero de seguridad para el turno noche. En cuanto a William Martín Carpio Cárdenas, administrador de Minera Yanaquihua, el juzgado considera necesario esclarecer si la precariedad de materiales respondió a decisiones de recorte presupuestal.
Finalmente, la magistrada concluye que no existe la certeza negativa exigida por ley para archivar el proceso, y que hacerlo vulneraría el deber de esclarecimiento de los hechos, especialmente tratándose de 27 víctimas mortales. Con esta decisión, el Ministerio Público deberá reasignar el caso a un fiscal superior para continuar la investigación de una de las tragedias mineras más graves del país.
