La cuestionada Ley Rospigliosi, que amplía la competencia del fuero militar-policial y otorga preferencia a esta jurisdicción frente a la justicia ordinaria en casos de delitos cometidos por policías y militares en servicio, busca ser usada por uno de los investigados en el caso de los “Policías Albañiles”, para librarse de la investigación que se le sigue. Esta podría beneficiar al exdirector de la Policía Nacional, Víctor Zanabria.
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La defensa del suboficial superior PNP en retiro Rolando Andrés Rodríguez Bilbao, solicitó al Poder Judicial el archivamiento definitivo del proceso que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada.
El pedido se sustenta en la entrada en vigencia de la Ley N.° 32735, norma que modificó disposiciones del Código Penal Militar Policial y del Nuevo Código Procesal Penal sobre el delito de función y la competencia entre la justicia ordinaria y la jurisdicción militar policial.
La solicitud fue presentada ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por el abogado de Rodríguez, Leonidas Elsín Paredes, quien también defiende al teniente general en retiro y exdirector de la Policía, Víctor Zanabria Angulo.
Actualmente, el planteamiento ha sido notificado a la fiscalía para que emita pronunciamiento. Fuentes consultadas por este medio, indicaron que el pedido puede ser tomado por el resto de implicados de ser aceptado por el juzgado.
Ello haría que los policías, ya no sean investigados por el delito de colusión. Sin embargo, indicaron que se debe tener en cuenta que no solo se les procesa por ese delito, sino también se les imputa otros.
Policías Albañiles: Defensa invoca la Ley N.° 32735
Según el escrito presentado ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Rodríguez Bilbao ejercía en 2020 como encargado de la sección de adquisiciones y operador logístico de la entonces IX MACREPOL Arequipa.
La defensa sostiene que las actuaciones que se le atribuyen fueron realizadas cuando el efectivo se encontraba en actividad y estaban relacionadas con funciones propias de la Policía Nacional. Bajo ese argumento, considera que los hechos deberían ser comprendidos dentro de la jurisdicción militar policial.
El abogado Leonidas Elsin Paredes invoca específicamente la Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32735, publicada el 21 de julio de 2026.
Según la interpretación planteada por la defensa, cuando no exista una sentencia firme o consentida y se constate la existencia de un proceso por los mismos hechos y sujetos en la jurisdicción militar policial, la justicia ordinaria debe disponer el archivamiento definitivo del proceso.
La defensa también sostiene que la nueva disposición tiene aplicación inmediata y resulta favorable al procesado, por lo que invoca el principio de retroactividad benigna establecido en la Constitución.
Nueva norma genera controversia sobre el fuero militar
El alcance de las modificaciones introducidas por la Ley N.° 32735 ha generado distintas interpretaciones entre especialistas. El abogado Yván Montoya cuestionó la nueva definición del delito de función y sostuvo, en declaraciones a Epicentro TV, que esta podría ampliar el ámbito de competencia de la jurisdicción militar policial.
Según su interpretación, la norma incluye actividades vinculadas con la función policial, como pericias y diligencias de investigación, lo que podría generar que determinados casos de corrupción u otros delitos cometidos durante el ejercicio del cargo sean discutidos en el fuero militar policial.
Montoya también consideró que la norma podría resultar incompatible con la Constitución y con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Una posición distinta fue expresada desde la Defensoría de la Policía Nacional. Su director general, el general PNP (r) Máximo Ramírez de la Cruz, señaló a RPP que la ley no significa que todos los delitos cometidos por policías pasen automáticamente al fuero militar y sostuvo que los procesos que ya se encuentran en la justicia ordinaria continuarían en esa jurisdicción.
El pedido alcanza solo a la acusación por colusión
El caso “Policías Albañiles” comprende a varios oficiales y exoficiales de la Policía Nacional por distintos hechos investigados durante la gestión de la IX Macro Región Policial de Arequipa.
Víctor Zanabria Angulo afronta acusaciones por peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso, además de una acusación alternativa por abuso de autoridad.
Francis Javier Alarcón Gallegos enfrenta cargos similares. Luis Alberto Cancela Roggero y Rolando Andrés Rodríguez Bilbao son procesados por presunta colusión agravada, mientras que Claudia Felisa del Castillo Chávez afronta una acusación por presunta falsedad ideológica continuada.
Los hechos están relacionados, entre otros aspectos, con el supuesto uso irregular de bienes del Estado para realizar labores de albañilería, presuntas concertaciones ilícitas y la supuesta apropiación de una donación realizada por la empresa minera La Soledad a favor de la institución policial.
Debido a este pedido de archivamiento se ha reprogramado la audiencia en la Corte de Justicia de Arequipa a petición del Ministerio Público, la misma que aún no tiene una fecha.
