Caso Chibolín. El Poder Judicial ordenó este martes 18 meses de prisión preventiva contra la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, acusada de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, implicada en el caso de Andrés Hurtado.
La medida fue dictada por el juez supremo Gustavo Álvarez, quien resolvió la apelación del Ministerio Público para revocar la comparecencia restringida inicialmente otorgada a la investigada.
La decisión se tomó tras una audiencia de dirimencia en la Corte Suprema, que estaba dividida en torno a la medida cautelar. Tres magistrados apoyaban la prisión preventiva, mientras que otros tres proponían mantener la comparecencia.
Finalmente, el juez Álvarez se adhirió al voto mayoritario a favor de la prisión preventiva, fundamentando su resolución en la gravedad de los cargos y la necesidad de garantizar la presencia de Peralta durante el proceso judicial.
Elizabeth Peralta está bajo investigación por presuntamente participar en un esquema de tráfico de influencias y sobornos en colaboración con el conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como «Chibolín».
Según la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Peralta habría utilizado su posición para facilitar favores judiciales a cambio de beneficios económicos.
Durante la audiencia, el juez Álvarez cuestionó la estrategia de defensa de Peralta, a cargo del abogado Benji Espinoza.
“Ha citado jurisprudencia y doctrina, pero no menciona si su defendida ha ajustado sus actos a los requerimientos de la autoridad o simplemente está ejerciendo su derecho a guardar silencio o faltar a la verdad para defender su posición procesal”, señaló el magistrado.
Ordenan la ubicación y captura de la fiscal
Como parte de la medida, el juez ordenó la “ubicación y captura” de Elizabeth Peralta para que cumpla con la resolución judicial de manera inmediata. La fiscalía continuará las investigaciones, mientras que la defensa de Peralta podría apelar la decisión en instancias superiores.
Esta decisión representa un paso importante en el caso, que involucra a una figura del sistema de justicia en presuntos actos de corrupción, un problema que sigue siendo objeto de atención y preocupación en el país.