Caso «Atlético Universidad». La Fiscalía de Arequipa consiguió que se confirme en segunda instancia la sentencia contra los exrectores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rolando Cornejo Cuervo y Valdemar Medina Hoyos, como autores del delito de peculado doloso. Ambos imputados fueron sancionados con cinco años de pena privativa de la libertad.
La pena fue convertida a 271 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que deberán cumplir bajo la vigilancia del personal del Inpe; esto debido a la edad de los procesados, Cornejo Cuervo tiene 78 años y Medina Hoyos 70 años, según resolvió la Sala de Extinción de Dominio del Poder Judicial.
En caso de incumplir con alguna jornada o cometer nuevo delito doloso, serán trasladados al penal.
Asimismo, se ratificó la sentencia de primera instancia obtenida por el Ministerio Público en el extremo de la reparación civil de 4 millones 350 mil soles a favor de la parte agraviada que deberán pagar solidariamente los exrectores, y fueron inhabilitados para ejercer cargo público.
Los sentenciados fueron hallados responsables por irregularidades en el manejo de los recursos de la universidad a favor del “Club Atlético Universidad”.
Caso «Atlético Universidad»: largo proceso judicial
Esto debido a que, durante el periodo de marzo del 2003 y diciembre del 2005, el denominado Centro de Producción Deportivo “Club Atlético Universidad”, bajo la dirección y presidencia de Cornejo Cuervo y la vicepresidencia de Medina Hoyos, lograron la aprobación de desembolsos por parte del Consejo Universitario.
Así como la ejecución de mayores montos a los inicialmente autorizados, generando pérdidas a la universidad ascendentes a 4 millones 323 mil 78 soles.
El caso ha pasado por un largo proceso, con sentencias condenatorias y absolutorias. En primera instancia, la investigación y la persistencia en la acusación contra los imputados estuvo a cargo de la fiscal provincial Tania Gallegos Calisaya de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.
En segunda instancia, la defensa de la postura del Ministerio Público, en el tercer juicio realizado por este caso, estuvo a cargo de la fiscal adjunta al superior, Katerine Salazar Calderón Samalvides de la Segunda Fiscalía Superior Penal especializada en casos de Corrupción de Funcionarios que lidera el fiscal superior Carlos Herrera Mogrovejo.
