En el marco de la audiencia más reciente del juicio oral por su presunta participación en el intento de golpe de Estado, la exministra Betssy Chávez volvió a lanzar serias acusaciones respecto a las condiciones que enfrenta dentro del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Esta vez, la también excongresista aprovechó la presencia del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Emilio Paredes Yataco, para hacer pública su denuncia, afirmando ser víctima de hostigamiento, chantaje sexual y actos de corrupción dentro del centro penitenciario.
¿Qué denuncia Betssy Chávez?
Durante su intervención, Chávez expresó con firmeza: «Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas a través de dádivas, obtener economatos con pagos de cupos». En ese contexto, señaló directamente a tres funcionarias del penal: la directora Nelly Aquino Guardales, la integrante del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Paucar, y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón. Según Chávez, estas trabajadoras habrían convertido el penal “en su patio trasero”.
La exministra del gobierno de Pedro Castillo indicó además que dichas funcionarias estarían coludiéndose con algunas internas para controlar diversos aspectos del penal a cambio de beneficios indebidos. Por ello, solicitó formalmente al Ministerio Público que se inicie una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y abuso de autoridad en el centro penitenciario.
En otro momento de su intervención, Chávez responsabilizó al INPE de cualquier posible atentado contra su integridad. Afirmó que, un día antes de la audiencia, fue víctima de un trato hostil, lo que alimenta su temor de no sobrevivir a las próximas semanas. «No quiero que se emita un informe diciendo: ‘la señora murió por causas desconocidas'», advirtió con contundencia.
La denuncia de Chávez ha generado repercusiones en el ámbito político. La congresista Ruth Luque expresó su respaldo a la exministra y exigió una pronta y seria actuación de parte del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el propio INPE. «Las personas privadas de libertad tienen derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal», señaló la legisladora, haciendo eco del reclamo de Chávez por justicia y garantías dentro del penal.
