El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió 8 procesos por el delito de peligro común durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Las diligencias estuvieron a cargo de la jueza Gildys Álvarez Quispe, quien lideró la rápida atención de los casos.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió ocho procesos por incumplimiento de la ley seca en menos de tres horas durante las Elecciones Generales 2026. La jueza Gildys Álvarez Quispe lideró las diligencias contra ciudadanos detenidos por el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 12 de abril. Los casos concluyeron bajo la aplicación del principio de oportunidad tras el reconocimiento de los hechos y el pago de la reparación civil correspondiente. Esta respuesta inmediata permitió a los ciudadanos intervenidos ejercer su derecho al voto tras el archivo de sus procesos.
- Resolución de ocho casos por delito de peligro común en un tiempo récord menor a tres horas en la Unidad de Flagrancia de Arequipa.
- Aplicación del principio de oportunidad y archivo de expedientes previo pago de reparación civil por parte de los detenidos.
- Trabajo coordinado entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública durante la jornada electoral.
- Garantía del cumplimiento de la ley seca y mantenimiento del orden público durante los comicios.
Los intervenidos fueron detenidos durante la madrugada del domingo, en plena vigencia de la ley seca, medida que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral.
Tras su detención, fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde sus casos fueron resueltos en un tiempo menor a tres horas, permitiendo que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.
Aplicaron principio de oportunidad y cerraron procesos
Las resoluciones judiciales se emitieron bajo la aplicación del principio de oportunidad, luego de que los imputados reconocieran los hechos. Como parte del proceso, los intervenidos cumplieron con el pago de la reparación civil, lo que permitió concluir los casos y disponer el archivo correspondiente sin necesidad de continuar con un proceso judicial prolongado.
Desde la Unidad de Flagrancia de Arequipa se destacó el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública, instituciones que integran este subsistema de justicia.
Gracias a esta coordinación, se logró brindar una respuesta inmediata, eficiente y oportuna durante la jornada electoral, garantizando el orden público y el cumplimiento de la normativa vigente.
