El reciente desalojo efectuado en la segunda cuadra de la calle Jerusalén, en el Centro Histórico de Arequipa, dejó severos daños en una casona de valor patrimonial. Según el informe preliminar de evaluación, las pérdidas ascienden a más de 456 mil soles, luego de que un incendio consumiera gran parte de la fachada el último lunes 25 de agosto por la mañana.
El inmueble, que funcionaba como hotel y discoteca, fue incendiado presuntamente por personas que se resistieron a abandonar el predio durante el operativo. Las llamas afectaron gravemente la fachada: la puerta principal de estilo colonial, hecha de madera, fue consumida por completo, mientras que el 85 % del frontis presenta daños de consideración.
El informe detalla también que la bóveda ubicada en el local sufrió un 80 % de afectación por hollín, y se identificaron modificaciones internas no autorizadas, como tapiados con sillar en el primer y segundo piso. Estos hallazgos deberán ser corroborados por especialistas del Ministerio de Cultura, quienes evaluarán la magnitud del impacto y los procedimientos de restauración.
De acuerdo con las primeras estimaciones, la recuperación integral del inmueble —que incluye la restauración de sus tres niveles— demandaría una inversión superior a los 456 mil soles. La cifra refleja el alto costo de rescatar un patrimonio arquitectónico que forma parte del legado histórico de Arequipa.
Extranjeros también habrían sido engañados para quedarse en casona: señaló la abogada
Durante la intervención policial, cuatro mujeres fueron detenidas. Ellas aseguraron que intentaron salir de la casona durante el desalojo, pero fueron coaccionadas para permanecer en el lugar. Ellas se hallaban con sus hijos pequeños.
La defensa legal de los propietarios indicó que tanto las mujeres como ciudadanos extranjeros que ocupaban el predio habrían sido engañados por el arrendatario César Loayza, señalado de subalquilar los ambientes sin autorización y de negarse a entregar el inmueble.
El caso continúa en investigación y será el Ministerio de Cultura, junto con las autoridades judiciales, quienes determinen las responsabilidades y los mecanismos para reparar este bien patrimonial.
