La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, en coordinación con la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, realizó un operativo inopinado en un establecimiento en la avenida Dolores que funcionaba de manera irregular bajo la fachada de “video pub”, logrando su clausura por diversas infracciones detectadas durante la intervención.
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El operativo se desarrolló aproximadamente a la 1:00 de la madrugada de este domingo 10 de mayo. Durante el ingreso al local, las autoridades identificaron a cuatro mujeres que presuntamente laboraban como damas de compañía, así como a varios asistentes —en su mayoría varones— que consumían bebidas alcohólicas en evidente estado de ebriedad.
Autoridades detectaron irregularidades
Según informaron las autoridades, el establecimiento realizaba un uso indebido del giro comercial autorizado, incumpliendo las condiciones permitidas para su funcionamiento. Además, se constató que el negocio no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento obligatorio para garantizar la seguridad de los asistentes.
“Estamos realizando intervenciones constantes para garantizar el orden y la seguridad en nuestro distrito. No vamos a permitir establecimientos que incumplan las normas y generen situaciones que afecten la tranquilidad de nuestros vecinos”, manifestó el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black.
Ante las irregularidades detectadas, el personal de Fiscalización de la comuna procedió con la clausura inmediata del establecimiento, reafirmando el compromiso de las autoridades locales con el cumplimiento de las normas municipales y la lucha contra actividades clandestinas.
Continuarán operativos en el distrito
La municipalidad informó que continuará desarrollando operativos permanentes y acciones de control en distintos sectores del distrito, con el objetivo de prevenir actividades ilegales y fortalecer la seguridad ciudadana.
Asimismo, se indicó que este tipo de intervenciones se realizan de manera articulada con la Policía Nacional para detectar establecimientos que operen al margen de la ley y representen un riesgo para la población.
