Por: Omar J. Candia Aguilar ocandia@unsa.edu.pe
Apunte Jurídico…La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el Perú en la actualidad. La sensación de vulnerabilidad se ha apoderado de muchos ciudadanos, afectando su calidad de vida y el desarrollo social y económico del país. Frente a esta realidad, es imperativo que el Perú adopte un enfoque integral y sostenible para enfrentar este desafío.
Consideramos, como punto de partida, la firma de un Pacto Nacional por la Seguridad, donde todas las autoridades e instituciones del país acuerden políticas y estrategias claras para reducir la inseguridad.
Este pacto debe basarse en una estrategia holística que contemple tres ejes fundamentales: prevención, control y disuasión, y reinserción con oportunidades. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) debe implementar una estrategia de inteligencia para desarticular organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato, dos delitos que han incrementado considerablemente en los últimos años.
La prevención es la piedra angular para reducir la criminalidad a largo plazo. La prevención social implica abordar las causas estructurales del delito: pobreza, exclusión social, desintegración familiar y falta de acceso a educación y empleo.
Programas comunitarios que fortalezcan el tejido social y promuevan valores ciudadanos deben implementarse con énfasis, especialmente en zonas vulnerables. La educación juega un papel central en esta estrategia.
Es crucial fortalecer los programas educativos con un enfoque en valores cívicos, resolución pacífica de conflictos y cultura de legalidad. Además, los jóvenes deben tener acceso a actividades extracurriculares, deportes y formación laboral, que les ofrezcan alternativas válidas y atractivas al camino del delito.
Por otro lado, el fortalecimiento de los servicios sociales y la integración de políticas públicas que mejoren el acceso a la salud, empleo y servicios básicos serán determinantes en la prevención del delito. La intervención temprana en comunidades con alta incidencia delictiva puede romper el ciclo del crimen desde sus raíces.
El segundo eje de esta estrategia debe enfocarse en el control y la disuasión del delito. Aquí, la Policía Nacional del Perú juega un rol esencial. La PNP debe modernizar sus métodos operativos y fortalecer su capacidad para disuadir la acción criminal. Esto requiere inversión en tecnología, equipamiento y formación policial especializada.
Una de las medidas más efectivas es la implementación de una estrategia de inteligencia policial con enfoque preventivo. La recopilación y análisis de información deben permitir a la PNP desarticular organizaciones criminales antes de que sus actividades escalen.
La extorsión y el sicariato, en particular, requieren una respuesta firme y coordinada. La policía debe trabajar en estrecha colaboración con fiscales y el poder judicial, garantizando la persecución efectiva de los criminales y la protección adecuada para las víctimas y testigos.
Además, el incremento de patrullajes focalizados en zonas críticas, el uso de tecnologías y el uso de la inteligencia artificial pueden mejorar la percepción y realidad de seguridad en las comunidades.
La disuasión debe ser visible, los delincuentes deben entender que el costo de sus acciones es inaceptable y que serán enfrentados con contundencia por el Estado. La seguridad ciudadana no debe recaer únicamente en la Policía Nacional.
La participación activa de la ciudadanía es indispensable. Programas como vecinos vigilantes y plataformas digitales que faciliten la denuncia anónima pueden complementar el trabajo policial, creando un entorno donde la ciudadanía sea un actor clave en la seguridad.
El último eje, y no menos importante, es la reinserción con oportunidades. El Estado debe ofrecer alternativas reales a quienes han cometido delitos, especialmente a aquellos que han cumplido condena.
La reinserción efectiva requiere programas que faciliten el acceso a la educación, el empleo y la inclusión social. La falta de oportunidades es una de las principales causas que empujan a las personas hacia actividades delictivas.
Pacto Nacional: con la firma de todos los organismos
Para implementar con éxito esta estrategia, es fundamental la firma de un Pacto Nacional por la Seguridad, donde el Ejecutivo, el Legislativo, los gobiernos regionales y locales, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la sociedad civil trabajen en conjunto bajo un marco claro y consensuado.
Este pacto debe establecer metas claras, recursos asignados y mecanismos de evaluación y seguimiento. Un acuerdo nacional debe trascender gobiernos y las ideologías, con un compromiso claro para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La criminalidad es un problema que afecta a todos y requiere soluciones coordinadas y sostenibles.
La inseguridad ciudadana en el Perú es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y sostenida. Una estrategia holística basada en prevención, control y disuasión, y reinserción con oportunidades, respaldada por un Pacto Nacional por la Seguridad, es esencial para reducir el crimen y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
La Policía Nacional del Perú debe liderar con inteligencia y eficacia la lucha contra organizaciones criminales como las dedicadas a la extorsión y el sicariato, asegurando que la justicia prevalezca.
