Apunte Jurídico | Una característica de las elecciones que culminaron fue su brevedad, debido a que coincidieron con las elecciones generales. Cuando un proceso electoral se desarrolla en un tiempo reducido, los principales afectados son los electores, quienes tienen menos posibilidades de conocer las propuestas, trayectoria y hojas de vida de quienes aspiran a conducir los gobiernos regionales y municipales.
El análisis jurídico sobre las recientes elecciones regionales y municipales señala que la brevedad del proceso afectó el conocimiento de las propuestas por parte de los electores. Asimismo, se evidenció la fragilidad institucional mediante prácticas como la reelección encubierta de alcaldes a través de candidaturas a regidores. También se advirtió el incumplimiento del cronograma por parte del Jurado Nacional de Elecciones y la falta de equipos técnicos en las listas postulantes. Finalmente, el texto alerta sobre la instrumentalización de denuncias penales en el marco de la confrontación política.
- La brevedad del proceso electoral limitó la posibilidad de que los ciudadanos conocieran detalladamente a los candidatos.
- Se recurrió a mecanismos indirectos de reelección encubierta de alcaldes postulando como primeros regidores, eludiendo el artículo 194 de la Constitución.
- El Jurado Nacional de Elecciones emitió pronunciamientos fuera de los plazos fijados en el cronograma para apelaciones de tachas y exclusiones.
- Se identificó una falta de equipos técnicos adecuados en las listas y un uso instrumental de denuncias penales como táctica de disputa política.
Pero, más allá del resultado electoral, estas elecciones vuelven a mostrarnos la fragilidad de nuestras instituciones y la ausencia de una adecuada seguridad y predictibilidad jurídica. Un ejemplo preocupante es la denominada reelección encubierta.
No fue un caso aislado: en diversos lugares, alcaldes postularon como regidores número uno para, posteriormente, producir la renuncia del candidato a la alcaldía y asumir la conducción de la lista.
La Constitución, en su artículo 194, establece expresamente que no hay reelección inmediata de alcaldes. Cuando el mandato constitucional es claro, no corresponde al intérprete buscar mecanismos indirectos para eludirlo.
Apunte Jurídico. Reglas electorales y seguridad jurídica
La democracia constitucional exige que las reglas sean respetadas tanto por los ciudadanos como, especialmente, por las instituciones encargadas de garantizar la legalidad electoral.
Otro hecho preocupante fue el incumplimiento del propio cronograma electoral. Se produjeron pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones fuera de los plazos previamente establecidos para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.
La seguridad jurídica no puede ser una regla exigible únicamente a los ciudadanos: también obliga a las autoridades electorales. La predictibilidad es una condición de legitimidad del poder público.
En esa misma línea, merece especial atención la Resolución N.° 04186-2026-JNE, que declaró la nulidad de oficio de decisiones de los JEE vinculadas al cumplimiento de medidas cautelares dictadas por órganos jurisdiccionales constitucionales.
El debate que se abre es trascendente: ¿cuáles son los límites del amparo electoral y de las medidas cautelares frente a la autonomía y al cronograma de los organismos electorales? La respuesta deberá construirse desde la supremacía constitucional y no desde la conveniencia institucional.
Equipos técnicos para gobernar
En materia de participación política, también preocupa la ausencia de verdaderos equipos técnicos.
Gobernadores y alcaldes son quienes reciben la legitimidad democrática, pero son sus equipos los que convierten las promesas electorales en políticas públicas. Sin capacidad técnica, el gobierno corre el riesgo de convertirse en improvisación.
Finalmente, debemos advertir la creciente instrumentalización de las denuncias penales como mecanismo de confrontación política. El derecho penal no puede convertirse en un arma electoral ni el Ministerio Público en escenario de disputas partidarias.
La denuncia penal debe responder a hechos concretos y elementos objetivos, no a intereses políticos. Si una imputación carece de sustento, corresponde actuar con rigor jurídico y preservar la presunción de inocencia.
Estas elecciones dejan, entonces, una tarea pendiente, fortalecer nuestras instituciones, porque sin reglas previsibles no existe verdadera democracia; y sin instituciones sólidas, el voto popular pierde parte de su capacidad transformadora.
