Por: Omar J. Candia Aguilar/ ocandia@unsa.edu.pe
Apunte Jurídico… Faltan 12 meses para que culmine la gestión de la presidenta Dina Boluarte, y lo que se observa es una estela de incertidumbre política, descontento y desesperanza ciudadana y múltiples desafíos que el Ejecutivo no ha sabido -o no ha querido- afrontar con la determinación necesaria.
En esta coyuntura, es difícil construir una agenda programática de corto plazo cuando estamos en permanente crisis institucional; y más difícil es construir consensos, cuando el nivel de aprobación de la presidenta no supera el 2.5% (encuesta IEP, Julio). Es decir, en medio de pugnas, judicialización de la política y sin liderazgo, sólo le queda a este gobierno apagar incendios, tratar los problemas que son impostergables.
Un final no es lo mismo que un inicio. Al inicio de toda gestión, hay expectativas, esperanza, confianza, y sobretodo respaldo y liderazgo para enarbolar las principales reformas que requiere un país.
En este caso, la presidenta -más allá del mensaje presidencial- debe focalizarse en tres cosas, la inseguridad ciudadana, el problema de la minería informal, y en el crecimiento económico e inclusión social.
Los demás problemas (agricultura, infraestructura, transporte, etc.), deben seguir avanzando en sus soluciones, pero debemos ser conscientes que este gobierno, no tiene el tiempo, ni el liderazgo suficiente para resolverlos. Para atender esta problemática priorizada, se necesita que el Congreso delegue facultades legislativas, conforme lo establece la Constitución.
La inseguridad ciudadana como problema tiene varias aristas y es un problema multicausal, se debe abordar holísticamente el problema: la prevención, el control y disuasión, y la reinserción social con oportunidades.
El Ministerio del Interior, con la Policía Nacional debe focalizar su atención y establecer una estrategia para enfrentar, en concreto, el sicariato y la extorsión, sobretodo en el transporte público y en los pequeños negocios (pequeñas tiendas).
Sólo si se resuelve problema del sicariato y extorsión, le daremos tranquilidad a miles de peruanos y mejoraremos la sensación de seguridad en las calles. Otro de los problemas que se debe priorizar, es el de la minería informal, empezando por reconocer que este sector genera empleo a miles de peruanos, pero que requiere formalización y legalidad.
Apunte Jurídico.. lo que no debe hacer este gobierno
No se puede tener una posición facilista de criminalizar toda la minería informal, eso sería irresponsable; al respecto, consideramos que se tiene que establecer un nuevo pacto por la minería artesanal, que aborde el problema de las concesiones, la compra de insumos, la venta del mineral y los tributos.
En materia económica, el gobierno debe respetar la autonomía del Banco Central de Reserva preservando la estabilidad monetaria, reducir el déficit fiscal (esto último es trascendental en época electoral) y controlar la inflación.
Lo que no debe hacer este gobierno, es intentar una reforma del sistema de justicia, pretender cambiar la composición del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, etc., estas deben ser tareas para el próximo gobierno.
Tampoco debe pretender tener injerencia en el proceso electoral, mientras menos participe, es mejor para tener unas elecciones limpias y transparentes. Asimismo, el gobierno debe actuar responsablemente y sin políticas populistas.
El gobierno de la presidenta Boluarte, puede entregarle a su sucesor un país más seguro, con crecimiento económico y con el problema de la minería informal en vías de resolución. Sin embargo, no podemos negar, que a un año de gestión, lo que queda es un país fragmentado, con una ciudadanía desconfiada, y un gobierno que no logra hacer frente a sus principales enemigos. El tiempo corre, y es hora de priorizar lo urgente sobre lo necesario.
