Por: Omar J. Candia Aguilar/ ocandia@unsa.edu.pe
Apunte Jurídico… El próximo 12 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se presentará ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución. Este acto, aunque rutinario, adquiere una especial relevancia en el contexto actual, donde la legitimidad política del Ejecutivo está profundamente erosionada y el Congreso atraviesa un periodo de fuerte desprestigio.
Paralelamente, la Comisión de Fiscalización ha solicitado formalmente al Pleno evaluar una eventual vacancia por “incapacidad moral” contra la presidenta Dina Boluarte, motivada por la presunta utilización irregular del vehículo presidencial para facilitar la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón. Ambos eventos configuran un escenario de alta tensión constitucional y política.
En el diseño constitucional se ha establecido una forma de gobierno denominado por la doctrina como presidencialismo atenuado o semipresidencialismo, en virtud del cual, el presidente de la República es el jefe del Estado (art. 110 de la Constitución) y no depende del Congreso para ejercer el cargo; sin embargo, la permanencia de su gabinete sí requiere del respaldo congresal.
Este diseño busca un equilibrio de poderes, pero en la práctica permite que el parlamento ejerza una influencia política directa sobre la viabilidad del gobierno, sobre todo cuando este no cuenta con legitimidad social, ni mayoría legislativa.
El gobierno de Dina Boluarte cuenta con el respaldo parlamentario que le ha permitido sostenerse en el poder, de las votaciones para la elección de la Junta Directiva del Congreso; así como, para la defensa de Ministros que fueron cuestionados, además de las declaraciones de los líderes políticos, se puede fácilmente colegir que las bancadas -aunque ideológicamente disimiles- de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), y Perú Libre (PL) son los aliados del gobierno.
Sin embargo, estas alianzas tienen un carácter marcadamente utilitario y tiene fecha de caducidad. Son agrupaciones conscientes de la debilidad del gobierno -la presidenta registra uno de los niveles de aprobación más bajos en la historia republicana- y de la proximidad de los comicios generales.
Por tanto, es altamente probable que le entreguen el voto de confianza a Arana para evitar una crisis política inmediata; pero no sería sorprendente, que posteriormente abandonen a la presidenta si las condiciones políticas lo hacen conveniente.
Apunte Jurídico… presidenta está en una situación de debilidad
Consideramos que el premier Arana debe focalizar su exposición en dos temas principales, la estrategia integral para la reducción de la inseguridad en el país; y la política económica, para un crecimiento con inclusión social.
Respecto de la solicitud de vacancia presidencial, pone a Dina Boluarte en una situación de debilidad, aunque es poco probable su vacancia, esta crecerá en la medida en que la presidenta pierda respaldo ciudadano y se acercan las elecciones generales.
Esta semana serán fechas importantes para el futuro inmediato del gobierno. El premier Eduardo Arana deberá convencer a un Congreso dominado por alianzas inestables y guiadas por intereses coyunturales, que su plan de gobierno merece ser respaldado.
Pero incluso si obtiene el voto de confianza, ello no garantiza estabilidad, porque estará pendiente de resolverse la solicitud de vacancia presidencial.
En un país sin institucionalidad democrática fuerte y con ausencia de liderazgos, el equilibrio de poderes corre el riesgo de quebrarse una vez más, dejando a la ciudadanía en una nueva incertidumbre a la que ya estamos acostumbrados.
