Por: Omar J. Candia Aguilar
Apunte Jurídico… Politizar la justicia y judicializar la política, es lesivo para la consolidación de un estado constitucional y de derecho. El sistema de justicia, debe funcionar sin ningún tipo de injerencia política, los sistemas de elección de los magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, otros, deben ser pulcros y al margen de las decisiones de los partidos políticos y su actuar debe gozar de toda autonomía, preservando el principio de independencia de los poderes del Estado. La única política que se debe admitir es la política institucional.
La estatua de la justicia, representada por una mujer con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada. Los ojos vendados simbolizan la imparcialidad de la justicia, la balanza la ponderación que debe existir en las decisiones judiciales y la espada, el poder coercitivo para que se cumplan las disposiciones de judiciales.
Sin embargo, recordamos el episodio, cuando en una actividad protocolar la presienta Dina Boluarte pretendía quitarle la venda a la estatua de la justicia, indicando subconscientemente que la justicia no es ciega. Si la justicia no es ciega, no es justicia, porque resolvería conforme a determinados intereses, simplemente es instrumentalizarla.
La politización de la justicia ha llevado a que las decisiones judiciales sean influenciadas por intereses políticos y no por la aplicación objetiva de la ley.
Esto ha generado una falta de predictibilidad en la aplicación de la justicia, donde frente a un mismo marco fáctico y misma calificación jurídica, se pueden tener decisiones disímiles. Esta situación ha erosionado la confianza en la justicia y ha generado un clima de incertidumbre en la ciudadanía.
La falta de claridad y precisión en la aplicación de la ley ha llevado a que se flexibilicen los tipos penales para que encajen las conductas. Esto ha generado una evidente vulneración del principio de legalidad, que establece que la ley debe ser previa, cierta, escrita y estricta.
La flexibilización de los tipos penales ha permitido que se investigue y sancione a personas por conductas que no están claramente definidas en la ley, lo que viene generando un clima de inseguridad jurídica.
Justicia: el principio de legalidad es fundamental en todo Estado de Derecho
Asimismo, la Contraloría General de la República ha sido criticada por su aplicación caprichosa de la ley. En algunos casos, frente a un mismo fáctico, ha establecido responsabilidad administrativa y civil; mientras que, en otro, ha establecido la responsabilidad penal. Esta falta de coherencia genera desconfianza en la labor de control.
El principio de legalidad es fundamental en todo Estado de Derecho. En democracias sin una institucionalidad fuerte, este principio se vulnera con frecuencia, lo que genera un clima de inseguridad jurídica y desconfianza en la justicia.
Hemos observado cómo se instrumentalizan las instituciones para la persecución penal en algunas oportunidades, y otras, para levantar sanciones. La instrumentalización de las instituciones es lesiva para el Estado de Derecho y debe ser combatida con firmeza. Es más, venimos observando una pugna por el control del Ministerio Público, institución que tiene la tarea de persecución del delito y defensor de la legalidad.
La politización de la justicia y la judicialización de la política han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. Fortalecer el estado constitucional de derecho es fortalecer las institucionales, dotarles de autonomía funcional, sin presiones, sin injerencia política, sin injerencia mediática, que puedan resolver con objetividad haciendo prevalecer la constitución y la ley.
