Apunte Jurídico | Hablar de democracia en el Perú supone, muchas veces, una contradicción incómoda, “aspiramos a vivir en un sistema democrático, pero aún no terminamos de asumirnos como verdaderos demócratas”.
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Nuestra historia republicana, atravesada por episodios autoritarios, explica en parte esta tensión. No obstante, no la justifica. En contextos electorales polarizados, suele emerger una peligrosa tentación, desconocer los resultados cuando estos no coinciden con nuestras preferencias.
Se argumenta entonces que la mayoría no representa a todos, que hubo irregularidades o que el país necesita “ser salvado”. Bajo ese discurso, algunos sectores pretenden legitimar fórmulas abiertamente inconstitucionales, como la idea de un supuesto “golpe cívico democrático”. Pero conviene decirlo sin ambigüedades, no existen golpes de Estado democráticos.
Democracia: reglas, no conveniencias
La democracia no es solo un mecanismo de elección, sino un sistema de reglas. Es pluralismo, tolerancia, aceptación del disenso y, sobre todo, respeto al orden constitucional.
Perder una elección no habilita a desconocer sus resultados ni a promover salidas de fuerza. Por el contrario, exige responsabilidad política y compromiso con las reglas del juego.
Las democracias modernas se sostienen en constituciones que limitan el poder, establecen controles y garantizan derechos. En ese marco, la sucesión presidencial y los mecanismos de control electoral no son opcionales, sino obligatorios.
Pretender sustituirlos por decisiones de facto implica, en los hechos, destruir la democracia que se dice defender. En el caso peruano, el ordenamiento jurídico es claro.
La Constitución regula la transferencia del poder, mientras que la Ley Orgánica de Elecciones establece de manera precisa las causales de nulidad electoral.
Estas no incluyen simples irregularidades administrativas ni percepciones subjetivas de ilegitimidad. La ley no puede ser reinterpretada al antojo de la frustración política.
El riesgo de normalizar el quiebre institucional
Particularmente grave resulta la invocación a la intervención de las Fuerzas Armadas como supuesto mecanismo de “restauración democrática”. Esta narrativa no solo desconoce el rol constitucional de las instituciones militares, sino que abre la puerta a una peligrosa normalización del quiebre del orden democrático.
Si aceptáramos esa lógica, cada resultado electoral adverso podría convertirse en excusa para una nueva interrupción institucional.
Además, no debe perderse de vista que promover un levantamiento contra el orden constitucional no es solo políticamente irresponsable, sino también jurídicamente reprochable.
El Código Penal tipifica estas conductas como delito de rebelión, con sanciones severas. No se trata, por tanto, de un debate meramente ideológico, sino de una cuestión de legalidad.
La prueba real de la democracia
El verdadero compromiso democrático se pone a prueba cuando los resultados no nos favorecen. Es en ese momento cuando debemos demostrar si creemos en las reglas o solo en los resultados. La democracia no puede ser un instrumento que se defiende solo cuando conviene.
El Perú no necesita salvadores, ni uniformados ni civiles. Necesita ciudadanos que respeten la ley, instituciones que funcionen y una cultura política que entienda que no hay atajos legítimos hacia el poder. Porque cuando se rompe el orden constitucional, lo que se pierde no es un gobierno, sino la democracia misma.
