Apunte Jurídico | En el actual escenario político peruano, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es que el próximo gobierno mantenga un manejo responsable de la economía.
El escenario político peruano actual refleja la preocupación ciudadana por mantener un manejo económico responsable y lograr un crecimiento con desarrollo humano. Sectores de la población temen que se realicen cambios radicales al modelo de economía social de mercado establecido en la Constitución Política del Perú. Cualquier modificación de esta naturaleza requiere una reforma constitucional bajo el artículo 206, lo que exige consensos políticos difíciles de alcanzar individualmente por los partidos actuales. El diseño constitucional vigente busca evitar giros abruptos que pongan en riesgo la estabilidad económica e institucional del país.
- La ciudadanía demanda que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo humano y mejores condiciones de vida para la población.
- El artículo 206 de la Constitución establece que una reforma económica requiere mayorías calificadas en ambas cámaras o ratificación vía referéndum.
- Ningún partido político actual, como Juntos por el Perú o Fuerza Popular, cuenta con la capacidad suficiente para modificar el capítulo económico de manera unilateral.
- El marco jurídico peruano busca garantizar la estabilidad institucional frente a propuestas de cambios radicales en el modelo de economía social de mercado.
Después de años marcados por la inestabilidad política y la desaceleración económica, los peruanos esperan una administración capaz de recuperar la confianza, atraer inversiones y promover crecimiento económico sostenido. Pero ese crecimiento, además, debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población.
Crecimiento económico con desarrollo humano
Hoy ya no basta únicamente con hablar de cifras macroeconómicas positivas. El crecimiento económico tiene que venir acompañado de inclusión social, de oportunidades reales para quienes menos tienen y de políticas públicas que permitan cerrar brechas históricas.
En otras palabras, el país necesita crecimiento con desarrollo humano. La economía debe servir para generar empleo digno, mejorar la educación, fortalecer los servicios de salud y permitir que más familias puedan salir de la pobreza.
Sin embargo, junto a esta expectativa también existe un temor importante en diversos sectores de la población: que el próximo gobierno impulse cambios radicales al modelo económico vigente y que ello termine afectando negativamente la estabilidad del país.
Particular preocupación genera la posibilidad de modificar el modelo de economía social de mercado establecido en la Constitución Política del Perú, pues algunos consideran que alterar esas bases podría provocar incertidumbre económica y desalentar la inversión privada.
No obstante, es importante recordar que una modificación de esa naturaleza no depende únicamente de la decisión política de un gobierno de turno. Cambiar el modelo económico implica necesariamente una reforma constitucional.
El artículo 206 de la Constitución establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros de cada cámara y posteriormente ratificada mediante referéndum.
Solo puede omitirse el referéndum cuando la reforma es aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de miembros de cada cámara.
La reforma constitucional exige amplios consensos
Esto significa que, en un sistema bicameral, las reformas constitucionales profundas requieren amplios consensos políticos. Ningún partido tiene actualmente la capacidad suficiente para modificar por sí solo el capítulo económico de la Constitución.
Por ejemplo, Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados y 14 senadores, mientras que Fuerza Popular tendría 41 diputados y 22 senadores. Ninguna de estas agrupaciones alcanza individualmente los votos necesarios para impulsar reformas constitucionales de gran magnitud.
Sin embargo, también debe señalarse que Fuerza Popular, en una eventual alianza con Renovación Popular —que tendría 15 diputados y 8 senadores— podría acercarse a una capacidad de influencia relevante, especialmente en el Senado.
Aun así, reformar el capítulo económico de la Constitución no es una tarea sencilla. Requiere consensos políticos sólidos, acuerdos multipartidarios y una mayoría calificada difícil de alcanzar.
Precisamente por ello, el diseño constitucional peruano busca evitar cambios abruptos que puedan poner en riesgo la estabilidad económica e institucional del país.
El verdadero desafío no debería ser destruir el modelo económico, sino perfeccionarlo para que el crecimiento llegue efectivamente a todos los peruanos.
