Un pedido de acceso a la información reveló que, solo en Lima, 451 policías han sido investigados en lo que va del 2025 por violencia física, psicológica o sexual contra mujeres.
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Cifras que muestran un problema estructural
Datos del Centro Emergencia Mujer y Familia confirman que Lima Metropolitana concentra este año la mayor cantidad de denuncias por violencia a nivel nacional. La capital reúne el 20% de los casos de agresión física (10.506), el 26,4% de violencia sexual (7.149) y el 21,3% de violencia psicológica (13.352).
Dentro de estas cifras, las denuncias contra miembros de la PNP entre enero y septiembre sumaron 102 por violencia física, 285 psicológica y 5 sexual. Sin embargo, solo el 9% de los agresores —es decir, 42 policías— fueron detenidos.
Para la abogada Shely Cabrera, del programa de Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos, esta situación refleja la ausencia de controles internos reales. Ella explicó que se deben revisar tanto los filtros para permitir el acceso al servicio policial como el trato que reciben las víctimas dentro de las comisarías. Cabrera señaló que los reglamentos existen, pero “no se están cumpliendo plenamente”.
Feminicidios cometidos por agentes: casos que permanecen impunes
En noviembre de 2024, un caso estremeció al país: Sheyla Cóndor, de 26 años, fue encontrada sin vida en el domicilio del suboficial en actividad Darwin Condori.
La madre de la joven explicó que, cuando intentaron denunciar su desaparición, los agentes de la comisaría de Santa Luzmila minimizaron la situación. Según relató, los policías afirmaron que “seguro se escapó con su enamorado”, frase que revelaba —en palabras de ella— la falta de voluntad para buscar a su hija.
Aunque Condori fue señalado como principal sospechoso, su fallecimiento posterior complicó la investigación, lo que mantiene el crimen sin resolución.
Otro caso ocurrió en junio de 2024, cuando el exalférez Christian Rojas habría asesinado a su expareja mientras se encontraba en funciones. A pesar de que la Fiscalía presentó pruebas en noviembre de 2025, el proceso aún no concluye con una sentencia firme.
En paralelo, la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui presentó un proyecto de ley que buscaba reemplazar el delito de feminicidio en el Código Penal por el de asesinato de la pareja, lo que especialistas califican como un retroceso en materia de protección legal.
Sanciones insuficientes y miles de casos archivados
Entre enero y octubre de 2025, el Ministerio Público ha logrado 13.023 sentencias por delitos vinculados a violencia contra la mujer y el grupo familiar. No obstante, una investigación periodística de Ojo Público identifica una brecha alarmante: en los procesos abiertos específicamente contra policías —incluyendo denuncias por feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia sexual, física o psicológica— solo el 31% terminó en sanción.
El resto de casos fue archivado por absoluciones, desistimientos, nulidades o caducidades.
Además, entre 2018 y 2024, 2.239 efectivos fueron sometidos a investigaciones administrativas por agresiones contra mujeres o personas vulnerables. A pesar de la existencia del Tribunal de Disciplina Policial, encargado de aplicar la Ley 30364, la mayoría de estos expedientes no llegó a una sanción efectiva.
Consultada por este tema, la Policía Nacional remitió únicamente una respuesta institucional: “Agradecemos su interés (…) sin embargo, por el momento no será posible atender su solicitud de entrevista, ya que el tema se encuentra en proceso de investigación”.
