Carlos Herrera
Fiscales Anticorrupción, junto a personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, ingresaron al medio día del pasado 15 de julio a las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) debido a supuestas irregularidades en la compra de Equipos de Protección Personal (EPP) para una obra en la provincia de Camaná.
Estos equipos, destinados a los obreros de una obra educativa en Camaná, no habrían cumplido con las especificaciones establecidas en el concurso público.
El proceso de contratación para la “Adquisición de EPPs para Obreros para la Obra ‘Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria Virgen del Rosario 40232 El Centro Poblado El Puente, Distrito de José María Quimper, Provincia de Camaná, Región Arequipa’” se inició el 19 de junio, y la adjudicación se realizó el 3 de julio.
Participaron 11 empresas en el proceso. La empresa Aruni Fernanda EIRL resultó ganadora con una oferta de 182 mil 500 soles, mientras que Covicor SAC presentó una oferta de 190 mil soles, quedando en segundo lugar.
Denuncia del segundo proveedor en la fiscalía
La diferencia en las propuestas ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso, especialmente después de que surgieran denuncias sobre la no conformidad de los EPP adquiridos con las características especificadas.
Ello fue denunciado por los representantes de Covicor SAC en la fiscalía y también fue puesto de conocimiento en el Gobierno Regional de Arequipa, mediante un recurso de apelación presentado el pasado 10 julio ante el gobernador Rohel Sánchez.
BAM Noticias, tuvo acceso a la apelación que presentó Covicor, en esta se señala que Aruni nunca debió ganar el proceso debido a que no cumplió con acreditar las especificaciones técnicas de los productos ofertados. (ver documentos)
Asimismo, señala que se habría configurado el delito de negociación incompatible, por lo que el caso fue presentado ante la fiscalía para que inicie las indagaciones del caso.
Gobierno regional entregó documentos
BAM Noticias, se contactó telefónicamente con Carlos Zanabria, quien es asesor de gobernación. Este refirió que las oficinas de administración y asesoría legal, entregaron toda la documentación que la fiscalía solicitó la tarde del 15 de julio. Negó que se tratara de una intervención, refirió que solo se fue a pedir el expediente del proceso.
Agregó que existe un proceso administrativo de apelación sobre este caso que aún no ha cumplido sus plazos. Afirmó que se emitirá una respuesta en ese tiempo sobre si la entrega de la buena pro debe ser anulada o no.
Zanabria cuestionó que la empresa Covicor, esté usando a la fiscalía para que anule la entrega de la buena pro y se la otorgue a ellos. Indicó que en el procedimiento administrativo hay etapas que se deben cumplir.
Actualmente, se está en la instancia de apelación, de ahí vienen otras etapas más a las que se puede acudir hasta llegar al Tribunal de Contrataciones.
