James Castro, presidente de la Asociación de Vivienda Propiedad Familiar (PROFAM), en el distrito de Yura, defendió el proyecto de agua y saneamiento para su sector y cuestionó a los regidores que votaron en contra de priorizar la iniciativa.
James Castro, presidente de la Asociacion de Vivienda Propiedad Familiar (PROFAM) en Yura, cuestiono a los regidores que votaron en contra de priorizar el proyecto de agua y saneamiento para su sector. En conferencia de prensa junto a funcionarios municipales, el dirigente afirmo que el expediente cuenta con el respaldo tecnico necesario y la factibilidad otorgada por Sedapar. Asimismo, rechazo las observaciones de algunos miembros del concejo, entre ellos la regidora Rocio Mango. La definicion sobre la continuidad del debate quedo postergada para una proxima sesion programada para el dia 27.
- El presidente de PROFAM critico la votacion de los regidores que impidio priorizar la obra de agua y saneamiento.
- Funcionarios de la Municipalidad de Yura y el dirigente afirmaron que el proyecto cuenta con factibilidad y autorizaciones de Sedapar.
- El debate del concejo municipal fue aplazado para el dia 27 tras reclamos por la falta de una fecha fija.
- La continuidad de la iniciativa dependera de la evaluacion tecnica y legal que realice el concejo municipal.
El dirigente sostuvo que la decisión retrasa el avance de una obra destinada a atender las necesidades de las familias y aseguró que el expediente cuenta con documentación técnica que respalda su continuidad.
Durante una conferencia de prensa, Castro estuvo acompañado por Miguel Vilca, gerente municipal de Yura, y el ingeniero Jaime Gutiérrez, gerente de Desarrollo Urbano, quienes participaron en la exposición de información relacionada con los cuestionamientos formulados durante el debate en el concejo municipal.
Dirigente de PROFAM afirma que el proyecto cuenta con factibilidad de Sedapar
Uno de los principales puntos de controversia es la factibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Castro rechazó las afirmaciones que atribuyó a la regidora Rocío Mango, quien cuestionó que el proyecto contara con la documentación correspondiente de Sedapar.
Según el presidente de PROFAM, durante una sesión del concejo participó el gerente de Asesoría Legal de Sedapar, quien, de acuerdo con su versión, confirmó que la entidad otorgó las autorizaciones correspondientes para el proyecto.
Castro también aseguró que existe una carta relacionada con el compromiso de Sedapar de asumir el mantenimiento del servicio una vez entregada la obra.
Con estos argumentos, sostuvo que los cuestionamientos sobre la factibilidad debían revisarse a partir de la documentación técnica y de las explicaciones brindadas por los funcionarios competentes.
Sin embargo, la validez y el alcance de estos documentos deben establecerse mediante la revisión del expediente y de las resoluciones correspondientes. Las declaraciones del dirigente representan la posición de PROFAM frente a las observaciones planteadas por algunos integrantes del concejo.
Próxima sesión deberá definir cómo continúa la discusión
El presidente de PROFAM también cuestionó la forma en que se planteó la postergación del debate. Según relató, algunos integrantes del concejo propusieron aplazar la discusión sin establecer inicialmente una fecha concreta, por lo que la población y los funcionarios insistieron en que se definiera cuándo volvería a tratarse el asunto.
Castro mencionó que la sesión fue trasladada para el día 27, aunque en sus declaraciones no precisó el mes ni confirmó las condiciones definitivas de la convocatoria.
La próxima discusión será clave para conocer si el proyecto vuelve a someterse a consideración del concejo y qué respuestas presentan los regidores frente a la documentación expuesta por PROFAM y los funcionarios municipales.
Mientras tanto, el conflicto mantiene en debate una iniciativa vinculada al acceso al agua y saneamiento en Yura. Para las familias involucradas, el avance del proyecto dependerá de que las observaciones sean aclaradas y de que las autoridades adopten una decisión sustentada en los requisitos técnicos, legales y administrativos.
