Cordillera de Palabras | El 22 de abril de 2020, con la pandemia recién declarada, el Gobierno Regional de Arequipa, a cargo del exgobernador y ahora excandidato Elmer Cáceres Llica, acordó en una reunión de gerentes construir un cementerio para los muertos por COVID-19. Cuatro días después ya se habilitaba el terreno en Culebrillas, distrito de Uchumayo.
En abril de 2020, el Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de un cementerio para víctimas de COVID-19 en Uchumayo, obra que fue paralizada y observada por la Contraloría por diversas irregularidades. Años después, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó lineamientos para la gestión de cadáveres en emergencias y desastres a propuesta del Indeci. Esta medida se oficializó en un contexto de alerta por El Niño Costero de magnitud extraordinaria proyectada entre 2026 y 2027. Al mismo tiempo, se reportan advertencias por falta de obras preventivas y una reducción presupuestal para la atención de desastres en gobiernos regionales.
- La Contraloría halló responsabilidad en trece funcionarios de Arequipa por la construcción irregular de un cementerio para fallecidos por COVID-19 en 2020.
- La PCM publicó la Resolución 005-2026-PCM/SGRD con lineamientos para el manejo, registro e identificación de cadáveres en emergencias.
- El protocolo se oficializó mientras el Enfen mantiene la alerta de El Niño Costero con proyecciones extraordinarias hacia finales de 2026 e inicios de 2027.
- Especialistas advirtieron la falta de limpieza de cauces y defensas ribereñas ante la falta de tiempo para tareas de prevención.
- El proyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción del 39% para gobiernos regionales en materia de reducción de vulnerabilidad y atención de desastres.
El 28 de abril la Fiscalía exhortaba a paralizar los trabajos y el alcalde de Uchumayo advertía que en la zona había restos arqueológicos.
La Contraloría concluyó en 2022 que la obra, valorizada en 962,865 soles, se ejecutó sin estudios de viabilidad, sin expediente técnico aprobado, sin autorización sanitaria del Minsa, sin licencia municipal y sin declaración de impacto ambiental, y halló responsabilidad civil y administrativa en trece funcionarios.
La Tercera Sala Civil ratificó en septiembre de 2020 la paralización y la prohibición de entierros, y anotó que el gobierno regional no había acreditado que la ciudad careciera de cementerios o que su capacidad estuviera rebasada.
Mientras tanto, según un informe de la Defensoría del Pueblo del 9 de julio de ese año, ese mismo gobierno había gastado apenas el 40% de los 25 millones de soles que se le asignaron al comenzar la pandemia para enfrentar el virus. Había apuro por tener dónde enterrar y lentitud para gastar en atender a los vivos.
De la pandemia a los protocolos para emergencias
Seis años después, un posible reflejo reaparece a escala nacional. El 18 de octubre El Peruano publicó la Resolución 005-2026-PCM/SGRD, firmada por el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, Edgar Ortega Torres, que aprueba los Lineamientos para la Gestión y el Manejo de Cadáveres y Restos Humanos en situaciones de emergencias y desastres.
La propuesta vino del Indeci, y la resolución dice que su finalidad es articular a las entidades competentes para un manejo seguro, adecuado, respetuoso y digno de los cuerpos.
El texto recuerda que el tema ya figuraba en el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia de 2022, dentro de las acciones de salud para una emergencia nacional de nivel 5, y en los lineamientos del Plan de Gestión Reactiva.
Según El Popular, el documento busca ordenar la recuperación, identificación, registro, custodia y disposición de los cuerpos, y un especialista consultado por Exitosa explicó que un código único por víctima permitiría a las familias ubicarlas después. “No basta rescatar cadáveres, también hay que registrarlos, documentarlos y darles un destino”, dijo.
El Niño Costero y las dudas sobre la prevención
Conviene decir que la resolución no menciona al Fenómeno El Niño, que regula la respuesta a cualquier emergencia y que, según Diario Correo, el Indeci trabaja con otras entidades desde agosto del año pasado en estandarizar estos procedimientos. Tener un protocolo para identificar y sepultar con dignidad a las víctimas es una obligación del Estado.
Lo que incomoda es la fecha. Se aprueba mientras el Enfen mantiene la alerta de El Niño Costero, con proyecciones oficiales de magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, y mientras ese mismo especialista advierte que no se limpiaron a tiempo los cauces, que no se reforzaron las defensas y que “ya no hay tiempo para hacer trabajo de prevención”.
El proyecto de presupuesto para 2027 asigna a los gobiernos regionales 39% menos que el presupuesto inicial de este año para reducción de vulnerabilidad y atención de desastres, y a Piura, una de las primeras zonas golpeadas, la mitad, según ECData de El Comercio.
Los especialistas consultados aclaran que esas cifras se reajustan durante el año y que el Ejecutivo estaría centralizando recursos para responder más rápido.
En efecto, para los gobiernos a veces prevenir significa prever dónde enterrar a todos los muertos que su incapacidad va a generar o, sería peor en este caso por el pedido de elevación del tope crediticio, aceptar la desgracia y la pérdida de capacidad y permitir a la ciudadanía endeudarse hasta el cabello. Eso sería muy, muy macabro. En serio esperamos que no sea así.
