Cordillera de Palabras | Se dice que expulsar a un agresor vulnera su derecho a la educación, y se calla que la víctima tiene el mismo derecho y es quien lo está pagando. UNICEF lo recuerda: la violencia escolar daña ese derecho en quien la sufre, y también en quien la ejerce y en quien la presencia, porque ningún niño se desarrolla bien donde se toleran las agresiones.
El debate sobre la violencia escolar en el Perú gira en torno a si se debe expulsar o reubicar a los agresores para proteger el derecho a la educación de las víctimas. Bajo el marco normativo previo, la imposibilidad de retirar al agresor provocaba que los estudiantes agredidos terminaran abandonando las escuelas. Frente a posturas que defienden el diálogo y otras que exigen sanciones efectivas, se han planteado alternativas como la educación básica alternativa o clases virtuales. Recientemente, el Ministerio de Educación presentó lineamientos que contemplan clasificar faltas y restablecer la expulsión escolar, lo que requerirá de recursos y profesionales en psicología para su implementación.
- El marco del Decreto Supremo 004-2018 del Minedu ha generado que las víctimas terminen retirándose de las escuelas debido a la falta de facultades para sancionar o expulsar a los agresores.
- Especialistas y exautoridades debaten entre mantener medidas formativas de diálogo y aplicar sanciones que reubiquen a los agresores en modalidades virtuales o centros de educación básica alternativa.
- El Minedu presentó lineamientos de disciplina escolar que contemplan la clasificación de faltas y el restablecimiento de la expulsión sujeta a evaluación en casos graves.
- Especialistas señalan que la efectividad de las medidas dependerá de recursos reales, dado que en 2024 se registraba apenas un psicólogo por cada 3,313 escolares.
Con la norma vigente, el decreto supremo 004-2018 del Minedu, víctima y agresor continúan en el mismo colegio. El ministro José Antonio Chang lo describió ante el Congreso como “el mundo al revés”: los padres del agredido terminan retirando al alumno porque el agresor no puede ser retirado.
Y eso desencadena una serie de cosas que andamos pagando, no solo los involucrados, sino todos los papás en una promoción en la que se determina una agresión.
El derecho a estudiar y la pregunta de dónde hacerlo
La oposición tiene voces serias. La exministra de Educación Patricia Salas calificó la medida de atentado contra los principios de la educación, según Diario Correo, y defendió el diálogo y la consejería. Dirigentes de las APAFAS de Lima preguntan qué hará el Estado con esos menores, que también tienen derecho a estudiar.
La pregunta es válida y tiene respuesta: Nadie discute el derecho a estudiar, lo que se discute es dónde. Chang dijo que “no podemos tener a un agresor al costado del agredido”, y que el sancionado podría seguir en un centro de educación básica alternativa, en horario nocturno, en fin de semana o de forma remota.
La salida existe y ya se usó, porque tras el caso del Liceo Naval la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso que los diez escolares investigados siguieran en clases virtuales para evitar el contacto con el estudiante de 16 años agredido.
Lo que hubo fue un esquema de años que dejó a los colegios sin herramientas. En 2022 el Minedu sostuvo que expulsar contravenía la Ley 29719 y suponía un “fracaso institucional”, y para entonces el SíseVe ya registraba 874 casos de violencia contra escolares hasta abril de ese año.
La sanción, la prevención y el cambio de conducta
La abogada penalista Romy Chang resume el resultado: al no poder expulsar, son las víctimas las que terminan cambiándose de colegio. Cualquier padre que haya vivido en la promoción de sus hijos una situación de agresión o acoso, aunque no llegue a tocamientos ni golpes, conoce el patrón: el agresor se empodera ante un colegio que no tiene cómo sancionarlo, y los padres de familia se polarizan.
El abogado Patrick García Huaroto lo llama vacío normativo, porque no hay una prohibición expresa y general de suspender o expulsar, pero tampoco una norma que ordene cómo sancionar las faltas muy graves, y advierte que no se trata de volver a las expulsiones automáticas.
Separar al agresor también puede hacerle bien. Hasta UNICEF, nada sospechosa de mano dura, explica que la agresión se sostiene por el refuerzo que recibe del entorno y que, sin consecuencias, la conducta se generaliza. El adolescente que aprende que golpear o humillar no tiene costo sigue con esa lección a otro año, a otro colegio, a la calle.
Un límite claro, aplicado a tiempo, interrumpe ese aprendizaje. Jorge de Luise, de AECE Formación, explica a El Comercio que un CEBA ofrece una educación más personalizada e individual. Chang habla de un tratamiento integral que incluya a la familia del agresor y de convocar al Colegio de Psicólogos.
Sin eso, la expulsión solo mueve el problema de lugar. No busca botar por botar: la familia del agresor tiene que entender que hay una consecuencia, y el menor que esa consecuencia no lo marca de por vida, que tiene una oportunidad de cambiar y no una sanción sin remedio.
Psicólogos y recursos para que la medida funcione
De Luise recuerda que la ley exige psicólogos en cada escuela y que se reciben unos cinco mil al año en todo el país, y según cifras de 2024 recogidas por Anacab había un psicólogo por cada 3,313 escolares.
Este lunes el Minedu presentó con la presidenta Keiko Fujimori los lineamientos de disciplina escolar, con la clasificación de faltas y el restablecimiento de la expulsión, y el documento se prepublicará para recibir aportes.
La Oficina de Protección de la Comunidad Educativa deberá evaluar en los casos graves si el alumno vuelve o se separa. Lo que decida cuántos de esos adolescentes terminan estudiando y en tratamiento no será el texto de la directiva, sino los cupos, tutores y psicólogos que existan el día en que se firme la primera separación.
El temor que imponen los victimarios puede terminar, y las víctimas recuperar el aliento, sabiendo que su lugar es su colegio, y el del agresor reiterativo, el que le corresponda tras la sanción.
