Apunte Jurídico | La democracia no exige que pensemos igual, sino que aprendamos a convivir en nuestras diferencias. Gobernar supone dialogar, persuadir y construir acuerdos, incluso con quienes discrepan de nuestras ideas.
El artículo analiza la controversia entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento respecto a la delegación de facultades legislativas bajo el artículo 104 de la Constitución. Se destaca que dicha delegación es una potestad parlamentaria y no una obligación o justificación ante fallas de gestión. Además, se aborda la aprobación de un dictamen en la Comisión de Constitución para otorgar facultades por noventa días enfocadas en seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Finalmente, se exhorta a las autoridades a debatir con argumentos en lugar de recurrir a amenazas o confrontaciones.
- El artículo 104 de la Constitución establece que la delegación de facultades legislativas es una potestad del Congreso y no una obligación.
- La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para delegar facultades al Ejecutivo por 90 días en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.
- Se enfatiza que la delegación de facultades no sustituye la planificación, presupuesto ni la capacidad de respuesta en la gestión pública.
- Se cuestionan las actitudes de confrontación o amenazas por parte de ministros y legisladores ante las discrepancias democráticas.
Por eso, cuando los intereses partidarios, los egos personales o la intolerancia desplazan al interés nacional, la política pierde su sentido y las instituciones se convierten en escenarios de confrontación.
La delegación de facultades y los límites constitucionales
La controversia en torno a la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo es una muestra de ello. La discusión ha profundizado las tensiones entre el Gobierno y el Parlamento, enfrentando al oficialismo con la oposición.
Sin embargo, conviene recordar una premisa fundamental, el artículo 104 de la Constitución reconoce al Congreso la potestad de delegar facultades legislativas al Ejecutivo. Se trata de una atribución constitucional, no de una obligación parlamentaria ni de una condición indispensable para gobernar.
El Ejecutivo no puede convertir la delegación de facultades en una excusa para justificar sus dificultades de gestión. Cuenta con competencias, instrumentos legales y responsabilidades propias que debe ejercer con eficacia.
Gobernar no consiste únicamente en aprobar nuevas normas; implica planificar, ejecutar políticas públicas y responder por sus resultados.
Seguridad ciudadana y prevención ante El Niño
Hoy, el país enfrenta dos desafíos urgentes, la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño. El segundo exige previsión, presupuesto, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y capacidad de respuesta.
Ninguna delegación legislativa puede sustituir la planificación ni remediar, por sí sola, las deficiencias de gestión.
En materia de seguridad, las reformas legislativas pueden contribuir a enfrentar la delincuencia, siempre que respondan a objetivos definidos y estén debidamente justificadas. Pero combatir el crimen no significa conceder poderes sin límites.
La ciudadanía reclama seguridad, y tiene razón en hacerlo; sin embargo, la eficacia de las medidas debe ser compatible con la legalidad, la separación de poderes y el respeto de los derechos fundamentales.
Por ello, considero acertada la aprobación, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, del dictamen que propone delegar facultades al Ejecutivo por noventa días, limitadas a la seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño. La delimitación de las materias y del plazo permite encauzar esta herramienta dentro de un marco específico de responsabilidad política.
El diálogo como responsabilidad democrática
Lo que no resulta aceptable es que algunos ministros y senadores respondan a las discrepancias con actitudes que desnaturalizan el debate democrático.
Quien ejerce una función pública debe estar preparado para escuchar críticas, incluso cuando las considere injustas. La autoridad se demuestra con argumentos, información y solvencia, no con amenazas ni desafíos personales.
El país no necesita más confrontación, sino instituciones capaces de cooperar sin renunciar a sus competencias ni a sus mecanismos de control. La seguridad de las familias y el bienestar de los peruanos deben estar por encima de cualquier cálculo partidario.
Porque gobernar es asumir responsabilidades, no buscar excusas; y ejercer el poder democrático significa comprender que ninguna urgencia justifica abandonar los límites que establece la Constitución.
