A pesar de haber sido promulgada en abril, la Ley 32581 —denominada ley de Pensión Digna para Maestros— continúa paralizada y sin la reglamentación que debió emitirse en un plazo de 90 días. La norma plantea equiparar la pensión de los profesores cesantes de la Carrera Pública Magisterial con el monto de la primera escala, fijado actualmente en S/3.500,70.
La Ley 32581, que busca equiparar las pensiones de los docentes cesantes con la primera escala magisterial fijada en S/3.500,70, permanece paralizada y sin reglamentación tras cinco meses de su promulgación. La medida genera incertidumbre entre los jubilados, cuyas retribuciones actuales no superan los S/1.200 en el sector público o S/400 en las AFP. Desde el Ejecutivo existen posturas divididas, ya que el Ministerio de Economía cuestiona la legalidad del gasto mientras Educación señala la inviabilidad de asumir el pago inmediato. Ante la falta de aplicación y las acciones legales presentadas, el SUTEP exige el cumplimiento de la norma y advierte sobre posibles protestas y huelgas.
- La Ley 32581 no ha sido reglamentada a pesar de haber vencido el plazo legal de 90 días tras su promulgación en abril.
- La norma busca elevar las pensiones docentes a S/3.500,70, frente a los montos actuales que oscilan entre S/150 y S/1.200.
- El ministro de Economía y Finanzas consideró ilegal la iniciativa por iniciativa de gasto, mientras que el ministro de Educación admitió la obligación de acatarla pero alegó inviabilidad presupuestal inmediata.
- El Colegio de Economistas de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad por un impacto fiscal estimado en más de S/5.600 millones anuales, proceso del cual se desmarcó el gremio nacional.
- El SUTEP demandó la aplicación de la ley sin reducciones en el monto y advirtió sobre posibles medidas de fuerza como paros o una huelga nacional.
Esta demora mantiene en incertidumbre a miles de exdocentes cuyas retribuciones actuales varían entre los S/400 y S/1.200 en el sistema público, y de S/150 a S/400 en las AFP. Frente al panorama, el secretario nacional del SUTEP, Félix Soto, manifestó que exigen el estricto cumplimiento de la ley y rechazó cualquier intento de reemplazar la cifra aprobada por un monto inferior.
Disputa entre ministerios, acciones legales y postura del SUTEP
La norma ha desencadenado una fuerte controversia en el Ejecutivo y el ámbito legal. Mientras el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, tildó de ilegal la iniciativa argumentando que el Congreso carece de facultad de gasto y declaró que impulsarán acciones procesales para impedir su aplicación debido al impacto en las arcas públicas, el ministro de Educación, José Antonio Chang, admitió que la legislación debe acatarse, aunque precisó que asumir el desembolso total de inmediato resulta inviable para el presupuesto de su sector.
Paralelamente, el Colegio de Economistas de Lima elevó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alegando un costo fiscal superior a los S/5.600 millones anuales; no obstante, el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Economistas del Perú se desmarcó de dicha acción legal, aclarando que no representa la posición institucional del gremio a nivel nacional.
Por su parte, la dirigencia sindical insiste en que el Gobierno tiene la responsabilidad de financiar la medida revisando las exoneraciones tributarias a grandes sectores. Asimismo, advirtió que la paciencia de las bases se agota y que, de no hallar respuestas mediante el diálogo, emprenderán acciones directas de protesta.
Soto alertó en tercera persona sobre la posibilidad de que el magisterio inicie un paro progresivo o una huelga nacional si el Ejecutivo no brinda soluciones definitivas, al tiempo que reafirmó la postura central del gremio al sostener que “si en el gobierno no nos da soluciones, entraremos a una medida de fuerza de lucha”.
