El activista indígena y exjefe de la comunidad nativa Onconashari, Américo Pascual Tumisha, fue víctima de un ataque mortal el pasado domingo 23 de agosto mientras realizaba labores de vigilancia en sus tierras, en el distrito de Yurúa. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana reportó que el defensor sorprendió a invasores extrayendo aceite de copaiba de forma ilegal, lo que desencadenó una confrontación armada en la que fue alcanzado por impactos de bala que acabaron con su vida.
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Inseguridad impune en los territorios indígenas
Desde la organización representativa informaron que Pascual ya había advertido con anterioridad a las autoridades sobre las constantes incursiones de colonos y redes ilícitas en el área, riesgo que finalmente culminó en este fatídico desenlace. Frente al hecho, la legisladora Ruth Luque Ibarra se pronunció firmemente y exigió al Gobierno que adopte medidas urgentes ante la violencia que sofoca a las comunidades y frente a los continuos homicidios de sus dirigentes.
La crisis no es aislada. Con esta pérdida, el país sobrepasa las 60 muertes de defensores ambientales registradas desde 2012, consolidándose como uno de los entornos más hostiles de Sudamérica para el activismo territorial. Reportes de entidades como Global Witness señalan que la violencia recae mayoritariamente sobre pueblos originarios en regiones como Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y Cusco.
A pesar de que recientemente se lograron avances judiciales —como la captura en agosto de 2026 del prófugo Hugo Soria Flores y la detención previa del empresario José Estrada por la masacre de Alto Tamaya-Saweto—, los líderes locales coinciden en un diagnóstico desalentador. Para las comunidades, la desprotección estatal se mantiene de forma alarmante, denunciando formalmente: «Los protocolos estatales de protección para defensores en riesgo son lentos y carecen de presupuesto o apoyo policial».
