El Juzgado Colegiado Supraprovincial de San Román–Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó, en primera instancia, a integrantes de la organización criminal “Los Magos de San Román”, al encontrarlos responsables de diversos delitos vinculados al robo agravado, marcaje o reglaje, encubrimiento real y organización criminal.
El Juzgado Colegiado Supraprovincial de San Román–Juliaca dictó cadena perpetua contra ocho integrantes de la organización criminal “Los Magos de San Román” en la región Puno. Los sentenciados fueron hallados responsables de delitos de robo agravado, marcaje, encubrimiento real y organización criminal cometidos entre 2020 y 2022. La resolución acredita su participación en asaltos armados contra entidades municipales, distribuidoras de gas y empresarios del sector minero. Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó el pago de reparaciones civiles y la ejecución inmediata de las condenas.
- Ocho miembros de la banda recibieron cadena perpetua, mientras que otros acusados fueron sentenciados a penas de entre 13 y 35 años de prisión.
- La organización criminal operaba mediante labores de vigilancia y seguimiento para ejecutar asaltos armados contra empresas comerciales y acopiadoras de oro.
- El fallo judicial incluyó el asalto frustrado a la Municipalidad Provincial de San Román en 2020, donde falleció un suboficial de la Policía en un tiroteo.
- Se fijó una reparación civil solidaria de S/ 280 000 por el delito de organización criminal a favor del Estado y las víctimas identificadas.
- El tribunal ordenó la captura inmediata de tres implicados cuyo juzgamiento fue reservado y dispuso la ejecución provisional de todas las penas impuestas.
La sentencia fue emitida por unanimidad por los magistrados Carlos Arias Arenas, Luis Charaja Cruz y Eloy Huaranca Rodríguez. De acuerdo con el fallo, la organización habría operado principalmente en la provincia de San Román entre finales de 2020 y agosto de 2022, utilizando labores de vigilancia y seguimiento para identificar a sus potenciales víctimas antes de ejecutar los asaltos.
Ocho integrantes recibieron cadena perpetua
Entre los condenados, ocho integrantes fueron sentenciados a cadena perpetua: Wilfredo Ramos Ramírez, Carmen Mercedes Sullca Barragán, Flavia Amparo Sucapuca Laura, Juan Jaime Pinto Daza, Reynolds Medardo Quispe Durand, Fredy Tintaya Gutiérrez, Samuel Holguín Condori y Renato Paoolo Núñez Valdivia.
Otros acusados recibieron penas de 35, 30, 22 años y 8 meses, 22 años y 13 años, 7 meses y 6 días de prisión, según el grado de responsabilidad establecido por el tribunal.
La organización, según los hechos acreditados judicialmente, contaba con cabecillas, grupos encargados del marcaje y un brazo operativo armado, además de vehículos, armas y otros recursos logísticos utilizados para planificar y ejecutar los asaltos.
Asaltos y operaciones de marcaje
Uno de los principales casos considerados en la sentencia fue el asalto a la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de San Román, ocurrido el 30 de diciembre de 2020. El grupo habría obtenido información sobre las medidas de seguridad y el dinero almacenado en una caja fuerte.
El robo fue frustrado por la Policía y el enfrentamiento armado terminó con la muerte de un presunto delincuente y del suboficial PNP Walter Isaac Flores Alata.
También se acreditó su participación en el asalto a la distribuidora de gas “Aly Gas”, ocurrido en enero de 2021, así como en diversos casos de marcaje contra empresarios y empresas vinculadas a actividades comerciales y mineras.
Entre las víctimas se encontraban empresarios relacionados con el Grupo Orienta, el sector minero, una empresa acopiadora de oro y una compañía proveedora de insumos para la minería. Los integrantes de la organización recopilaban información sobre domicilios, vehículos, actividades y desplazamientos de sus objetivos para posteriormente ejecutar los robos.
Otro de los casos fue el asalto a la tienda de abarrotes y licorería “El Atardecer”, ocurrido en junio de 2021. Algunos involucrados fueron capturados tras una persecución policial.
Asimismo, la Policía logró frustrar un plan de robo contra una familia que había recibido una herencia. Durante la intervención se decomisaron seis armas de fuego, municiones, un bloqueador de señal, pasamontañas y otros elementos que, según el fallo, estaban destinados a la ejecución del delito.
En febrero de 2022, parte de la organización se trasladó hasta Yunguyo para ejecutar otro robo contra una familia a la que se atribuía la posesión de una importante suma de dinero. Sin embargo, los delincuentes desistieron del ataque al encontrar un número de personas mayor al previsto.
Reparación civil y ejecución inmediata de las penas
Además de las condenas, el juzgado ordenó el pago de reparaciones civiles a favor del Estado y de las víctimas. Una de las principales reparaciones asciende a S/ 280 000 por el delito de organización criminal, monto que deberá ser asumido solidariamente por los sentenciados comprendidos en este extremo.
El órgano jurisdiccional también dispuso la ejecución provisional e inmediata de las penas privativas de libertad, debido a la gravedad de los delitos y al peligro de fuga, incluso ante una eventual impugnación.
Finalmente, se dispuso la reserva del juzgamiento de Ángel Nautto Quispe Quispe, Tania Evely Valero Mamani y George Adams Canaza Quispe, además de ordenar las acciones correspondientes para su captura y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.
La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que las partes tienen la posibilidad de presentar los recursos impugnatorios establecidos por ley.
