El Ejecutivo fujimorista presentó formalmente ante el Poder Legislativo su solicitud de delegación de facultades por un periodo de 120 días. La iniciativa, debatida durante la sesión inaugural del Consejo de Ministros, busca la emisión de decretos legislativos en ámbitos clave como seguridad ciudadana, normatividad penal y procesal, administración penitenciaria, ámbito tributario-laboral y reestructuración del aparato estatal.
El Ejecutivo liderado por Keiko Fujimori solicitó formalmente al Congreso la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días para implementar reformas en diversas áreas estratégicas. La propuesta abarca cambios en seguridad ciudadana, normatividad penal, administración penitenciaria, así como una reestructuración del aparato estatal que incluye la posible fusión o disolución de organismos públicos. Entre las medidas laborales y fiscales destacan la flexibilización de despidos por causas objetivas, la reducción de feriados no laborables y la unificación del impuesto a la renta empresarial. El trámite legislativo se llevará a cabo bajo el esquema bicameral, iniciando en la Cámara de Diputados y pasando luego al Senado para su revisión.
- El proyecto propone encargar la administración del sistema penitenciario a las Fuerzas Armadas y declarar la emergencia en dicho sector.
- En materia laboral, se busca incentivar acuerdos individuales sobre jornadas y beneficios, además de simplificar la extinción de contratos.
- La iniciativa contempla la reorganización de entidades como la Autoridad Nacional del Agua para agilizar proyectos de minería e infraestructura.
- Especialistas enfatizan la necesidad de invertir en tecnología y coordinación de inteligencia para modernizar la seguridad interna.
Ajustes laborales, control penal y el trámite en el nuevo Parlamento bicameral
Dentro del paquete normativo propuesto por la gestión de Fuerza Popular destaca la intención de encargar la administración del sistema penitenciario a las Fuerzas Armadas, además de promover la declaración de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario. En el plano laboral y fiscal, el proyecto plantea flexibilizar los despidos por causas objetivas mediante la revisión de la extinción de contratos, incentivar acuerdos individuales sobre jornadas y beneficios sociales, reducir los días feriados no laborables para elevar la productividad, y unificar el impuesto a la renta empresarial. Asimismo, la medida contempla la facultad de fusionar, reestructurar o disolver organismos públicos. Aunque en su mensaje inicial la presidenta Keiko Fujimori justificó la solicitud bajo la urgencia de atender los efectos del fenómeno de El Niño, la propuesta remitida se centra en seguridad interna y reforma institucional.
Respecto al mecanismo de aprobación en el esquema bicameral, el trámite inicia en la Cámara de Diputados, de donde pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación. Una vez emitidos los decretos, el Ejecutivo debe dar cuenta al Senado en un plazo máximo de tres días para su fiscalización constitucional mediante la Comisión de Control Político.
Por su parte, especialistas del sector analizaron el alcance de las materias solicitadas. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, enfatizó la urgencia de orientar las medidas hacia la modernización tecnológica y la coordinación en inteligencia:
“Espero que se invierta muchísimo en todo lo que es tecnología y que se contrate al sector privado para ordenar las denuncias que hoy están desperdigadas en sistemas que no conversan entre sí. (…) También debe definirse qué normas se requieren para entregar rápidamente información a las fuerzas del orden. Debe firmarse un protocolo relacionado con el Convenio de Budapest para saber —en coordinación con Meta— quiénes están detrás de esos números de WhatsApp. Eso se mencionó rápidamente, pero no se ha desarrollado el enfoque. Espero que puedan explicar el plan de corto y mediano plazo y cuantificar los esfuerzos (…)”, indicó.
En esa misma línea, el exfuncionario recordó en tercera persona que durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski la solicitud de facultades fue una herramienta efectiva que permitió reformar la estructura del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
En el ámbito de la gestión pública, la especialista Karla Gaviño, docente de la Universidad del Pacífico, valoró positivamente la simplificación de trámites y la reorganización de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en coordinación con el Midagri:
“Me parece sumamente importante y necesario revisar distintos procedimientos que hoy se duplican y dificultan la ejecución de proyectos mineros y de infraestructura, sin que ello implique dejar de proteger los bienes tutelados por el Estado. Siempre debemos pensar en una gestión pública eficiente. Presentar los mismos documentos ante diversas entidades públicas es sumamente engorroso. (…) Hay que trabajar bastante en ese sentido”.
Asimismo, Gaviño sostuvo en tercera persona que los procesos actuales de la ANA generan retrasos de consideración en grandes obras de infraestructura e inversión, por lo que consideró oportuno y recomendable ajustar los mecanismos de articulación entre dicho organismo y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para optimizar la administración pública.
