La ejecución de la carretera Jachaña – Cayarani, un proyecto vial valorizado en más de S/ 99 millones, enfrenta un escenario de incertidumbre debido al conflicto legal que rodea su proceso de ejecución.
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Ante esta situación, la consejera regional por Caylloma, Yesenia Choquehuanca, solicitó que el Consejo Regional impulse una investigación para esclarecer si existieron presuntas irregularidades durante la licitación y el desarrollo del proyecto.
La autoridad regional sostuvo que antes de emitir un pronunciamiento sobre las denuncias formuladas en torno a la obra, corresponde realizar un proceso de fiscalización que permita conocer con precisión lo ocurrido.
En ese sentido, planteó la elaboración de un informe técnico o, de ser necesario, la conformación de una comisión investigadora que recabe información de las gerencias responsables de la infraestructura vial.
Piden una investigación antes de emitir un pronunciamiento
Choquehuanca señaló que el Consejo Regional debe actuar con responsabilidad y basar cualquier decisión en la documentación oficial que permita determinar si hubo incumplimientos o responsabilidades administrativas dentro del proceso.
Explicó que la recopilación de información será fundamental para conocer el estado real del proyecto y las causas que originaron el conflicto legal.
Asimismo, indicó que el órgano de fiscalización no puede dejar de cumplir sus funciones frente a las denuncias presentadas. Precisó que, si tras las investigaciones se determina que corresponde evaluar medidas adicionales, estas deberán seguir el procedimiento establecido por la normativa vigente.
La consejera remarcó que la prioridad es esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en una obra considerada estratégica para varias provincias de la región Arequipa.
Paralización preocupa por el impacto en el desarrollo de la zona
Uno de los principales cuestionamientos expuestos por la autoridad regional es el riesgo de que la carretera permanezca paralizada mientras continúa el proceso de arbitraje. Según explicó, este escenario podría impedir que el proyecto concluya durante la actual gestión regional.
La carretera contempla una extensión superior a los 50 kilómetros y busca fortalecer la conectividad entre el distrito de Cayarani, en la provincia de Condesuyos, y La Unión, además de mejorar la integración con la provincia de Caylloma. La obra también es considerada un corredor que facilitaría el transporte de personas y mercancías, además de dinamizar la actividad turística y económica de las localidades involucradas.
Choquehuanca recordó que la región ya enfrenta un antecedente similar con la carretera Vizcachani, cuyo proceso continúa sin destrabarse. Por ello, advirtió que una nueva paralización podría retrasar durante varios años los beneficios esperados por la población.
La consejera sostuvo que el objetivo de la fiscalización es evitar que un proyecto de esta magnitud quede inconcluso y garantizar que los recursos públicos sean ejecutados de manera adecuada.
Mientras continúan las acciones legales relacionadas con la obra, el Consejo Regional evalúa las medidas de control que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y conocer el estado del proyecto que busca mejorar la conectividad y promover el desarrollo económico de varias localidades de Arequipa.
