Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en Moquegua como parte de una investigación por el presunto delito de cohecho, luego de ser denunciados por supuestamente exigir dinero a un conductor a cambio de no ponerlo a disposición de las autoridades. La intervención fue ejecutada en un operativo conjunto entre la Policía Anticorrupción, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y el Ministerio Público.
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Allanamientos se realizaron en Moquegua y Lima como parte de la investigación fiscal
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 22 de abril. Ese día, dos agentes intervinieron a un ciudadano que conducía su vehículo por la intersección de las calles Piura y María Nieves y Bustamante, en el cercado de Moquegua, tras advertir que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
La investigación fiscal sostiene que los policías habrían solicitado al conductor el pago de 600 soles para evitar trasladarlo ante las autoridades competentes. Según la denuncia, el ciudadano entregó inicialmente 300 soles en efectivo y posteriormente realizó un depósito de otros 300 soles mediante el aplicativo Yape a la cuenta de una tercera persona que se encontraba en la ciudad de Lima.
Como parte de las diligencias, las autoridades ejecutaron allanamientos en diversos inmuebles ubicados en la avenida Balta, el centro poblado de Chen Chen, el sector Villa Francia y dependencias relacionadas con el servicio de emergencia 105 en Moquegua. De manera simultánea, también se realizó una intervención en Lima, donde fue detenida la mujer que presuntamente recibió la transferencia electrónica.
Los agentes intervenidos fueron identificados como Renato Joel Prado Escalante, suboficial de segunda, y Javier Maldonado Colquecama, suboficial de primera, ambos asignados al área de emergencia 105.
Junto a ellos también fue detenida una mujer de iniciales S.F.M., de 36 años. Los tres permanecerán bajo detención preliminar por un plazo de siete días mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
