El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión contra dirigentes de Construcción Civil, luego de los actos de violencia registrados durante las protestas en la obra del nuevo local del Poder Judicial, ubicada en el sector de Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.
El Ministerio Público de Arequipa inició una investigación preliminar por presunta extorsión contra dirigentes de Construcción Civil tras actos de violencia en una obra del Poder Judicial en Cerro Colorado. La empresa ejecutora denunció presuntas presiones telefónicas para la contratación de personal específico, lo que resultó en la detención en flagrancia de los dirigentes Lugue Espinoza y Juan Chicata. El proceso está a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa y tiene un plazo establecido de 60 días para las diligencias. Asimismo, las autoridades investigan la agresión a una periodista ocurrida durante las movilizaciones en el sector de Semi Rural Pachacútec.
- Detención de los dirigentes Lugue Espinoza y Juan Chicata por presunta extorsión y presiones laborales a la empresa constructora.
- La Fiscalía advierte que el delito de extorsión agravada conlleva penas privativas de la libertad de entre 15 y 20 años.
- Apertura de una investigación fiscal especializada para identificar a los responsables de la agresión sufrida por una periodista.
- Exhortación de la Fiscalía de Prevención del Delito al sindicato para evitar disturbios y atentados contra la seguridad pública.
La investigación fue abierta de oficio el 6 de julio por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a cargo de la fiscal adjunta provincial Lizet Gómez Saira, quien dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía encargó las diligencias al Área de Investigación Criminal de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú, remitiendo diversos videos obtenidos de distintas fuentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Empresa denunció presuntas presiones para contratar personal y dos dirigentes fueron detenidos
Ese mismo día, en horas de la tarde, representantes de la empresa ejecutora de la obra presentaron una denuncia ante la Policía Nacional contra dirigentes del gremio de Construcción Civil. Según manifestaron, habrían recibido llamadas telefónicas en las que presuntamente se les exigía contratar determinado personal para laborar en el proyecto.
En ese contexto, la Policía procedió a la detención en flagrancia de los dirigentes identificados como Lugue Espinoza, y Juan Chicata, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
El fiscal provincial Antonio Chacón Roselló, coordinador de las Fiscalías Penales del Distrito Fiscal de Arequipa, explicó que la labor del Ministerio Público consiste, en primer lugar, en verificar la legalidad de la detención y, posteriormente, determinar si existen elementos que acrediten la comisión del delito denunciado.
Asimismo, indicó que las investigaciones permanecen bajo reserva con el fin de proteger a la empresa denunciante y a los posibles testigos. Precisó además que, en las próximas horas, se definirá la situación jurídica de los intervenidos y la eventual solicitud de medidas coercitivas. Recordó que el delito de extorsión agravada contempla penas que van de 15 a 20 años de prisión.
Fiscalía exhortó a respetar la ley e investiga agresión contra una periodista
De manera paralela, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa exhortó al secretario general del sindicato de Construcción Civil a orientar el ejercicio del derecho a la protesta dentro del marco constitucional y legal, evitando la comisión de hechos delictivos durante las movilizaciones.
El Ministerio Público recordó que delitos como disturbios, entorpecimiento de servicios públicos y atentados contra la seguridad común, especialmente cuando afectan infraestructura pública o de telecomunicaciones, pueden ser sancionados con penas que alcanzan hasta 10 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes.
Por otro lado, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Arequipa también abrió una investigación preliminar para identificar a los responsables de la presunta agresión sufrida por una periodista durante las protestas registradas el último lunes en la obra del nuevo local del Poder Judicial, en Cerro Colorado.
