La región Moquegua expresó su rechazo a la reciente aprobación de la ley de saneamiento territorial vinculada a la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, y anunció el inicio de un paro preventivo de 48 horas como medida de protesta. Autoridades y organizaciones sociales sostienen que la norma afecta presuntamente territorios de su jurisdicción.
La región Moquegua anunció un paro preventivo de 48 horas en rechazo a la ley de saneamiento territorial de la provincia de Jorge Basadre aprobada por el Congreso. La medida de fuerza iniciará este jueves 25 de junio en el distrito de Torata y cuenta con el respaldo de diversos gremios civiles, comerciales y de transporte. Las autoridades regionales, lideradas por la gobernadora Gilia Gutiérrez, sostienen que la norma recorta territorio moqueguano, especialmente en el sector de Quebrada Honda. Ante el anuncio de movilizaciones, el equipo técnico regional evalúa acciones legales y se analiza la suspensión de las actividades escolares.
- El paro de 48 horas comenzará el jueves 25 de junio en el distrito de Torata ante la presunta afectación de límites territoriales.
- La gobernadora Gilia Gutiérrez suspendió sus actividades oficiales para encabezar una reunión de emergencia con alcaldes y representantes regionales.
- El equipo legal de Moquegua evalúa presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial para frenar la promulgación de la ley cuestionada.
- Especialistas denuncian que el proceso de delimitación técnica en Quebrada Honda no incluyó la participación de la población involucrada.
- Las organizaciones sociales solicitan que el Poder Ejecutivo observe la ley y promueva un espacio de diálogo antes de su vigencia.
Torata liderará medida de fuerza y se evalúan posibles movilizaciones
El distrito de Torata acatará la paralización desde este jueves 25 de junio, tras un acuerdo alcanzado entre representantes sociales, autoridades locales y gremios de la zona. Los manifestantes consideran que la norma aprobada por el Congreso recorta parte del territorio moqueguano, con especial preocupación en el sector de Quebrada Honda.
Ante el anuncio de posibles bloqueos y movilizaciones, la Dirección Regional de Educación evalúa la suspensión temporal de las clases para evitar riesgos a la población estudiantil. Paralelamente, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, suspendió sus actividades en la provincia General Sánchez Cerro y retornó a la ciudad de Moquegua para encabezar una reunión de emergencia con alcaldes, consejeros regionales y representantes de diversas instituciones.
A la medida de protesta podrían sumarse distintos gremios de la región, entre ellos el Sindicato Único de Comerciantes Minoristas y Mayoristas de la provincia de Mariscal Nieto, además de sindicatos de construcción civil y organizaciones de transportistas, quienes vienen coordinando su participación en las jornadas de lucha programadas para jueves y viernes.
Cuestionamientos se centran en Quebrada Honda
Uno de los principales puntos de controversia es la situación de Quebrada Honda, considerada una zona estratégica por su relación con actividades mineras y ambientales vinculadas a operaciones de Southern Perú.
El especialista en resolución de conflictos Miller Centeno Mejía señaló que el proceso de delimitación habría avanzado sin la participación de los pobladores de los caseríos involucrados. Según indicó, estas comunidades se identifican como parte de Moquegua y no habrían sido tomadas en cuenta durante el proceso técnico.
Asimismo, cuestionó que la norma haya sido aprobada mientras aún existen procedimientos legales pendientes relacionados con la demarcación territorial.
En respuesta, el equipo técnico y legal del Gobierno Regional de Moquegua informó que evalúa la presentación de una medida cautelar ante el Poder Judicial con el objetivo de suspender la promulgación de la ley hasta que se revisen los aspectos técnicos y jurídicos observados.
Finalmente, las autoridades y organizaciones sociales de Moquegua han solicitado al Poder Ejecutivo que observe la norma y promueva un espacio de diálogo antes de su entrada en vigencia, a fin de atender los cuestionamientos planteados por la población.
