El juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el presunto delito de trata agravada de personas fue suspendido este lunes luego de que no asistiera a la audiencia programada en la ciudad de Tarija.
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Ante su inasistencia, el tribunal lo volvió a declarar en rebeldía y ratificó las órdenes de captura y arraigo en su contra, medidas que le impiden salir del país y permiten que sea conducido por la fuerza pública ante la justicia.
La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija en 2016, cuando aún ejercía la presidencia. Según la investigación, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios.
“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, declaró el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.
La diligencia debía iniciar a las 8:30 de la mañana; sin embargo, ni Morales ni su defensa legal se presentaron. La Fiscalía señaló que los abogados del exmandatario no entregaron ningún justificativo formal por su ausencia, por lo que se designó defensa pública para continuar con el proceso.
Defensa denuncia irregularidades y habla de persecución política
El abogado de Morales, Wilfredo Chávez, aseguró que el expresidente no fue notificado personalmente sobre el inicio del juicio y cuestionó que la citación se realizara mediante un edicto judicial publicado en medios escritos.
Según la defensa, esto representa una vulneración al debido proceso y evidencia una supuesta persecución política contra el exmandatario socialista, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, específicamente en la zona cocalera del Chapare, considerada su principal bastión político y sindical. Allí se mantiene resguardado por cientos de seguidores que realizan vigilias para evitar su captura.
Fiscalía asegura contar con más de 170 pruebas
En una investigación previa, el exmandatario ya había sido declarado en rebeldía en enero de este año tras no acudir a otra audiencia judicial, alegando problemas de salud. Esta condición impide que el juicio avance mientras el acusado no comparezca ante el tribunal.
La Fiscalía de Tarija informó que cuenta con más de 170 pruebas de cargo y 39 declaraciones de testigos para sustentar la acusación en el juicio oral.
El caso ha generado un fuerte impacto político en Bolivia y podría marcar uno de los momentos más delicados en la trayectoria de Morales, quien durante casi 14 años fue una de las figuras más influyentes de la política boliviana.
