Un reciente informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), junto a organizaciones como Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, advierte que Rusia habría implementado un sistema global para reclutar ciudadanos extranjeros y enviarlos al conflicto armado con Ucrania mediante engaños y coerción.
Generando resumen...
De acuerdo con la investigación, desde febrero de 2022 se habrían incorporado al menos 27 mil personas provenientes de más de 130 países, muchas de ellas captadas con promesas de empleo en áreas como construcción, seguridad o limpieza.
Sin embargo, al llegar a territorio ruso, los reclutas eran presuntamente obligados a firmar contratos militares, en muchos casos sin comprender el idioma ni las condiciones reales.
Reclutamiento dirigido a personas vulnerables en Rusia
El documento sostiene que esta estrategia estaría enfocada en personas en situación de vulnerabilidad económica, como migrantes, trabajadores informales y estudiantes extranjeros. Según los investigadores, este mecanismo podría constituir un caso de trata de personas, de acuerdo con los estándares del Protocolo de Palermo.
Además, se señala que muchos de los reclutados recibían entrenamiento mínimo antes de ser enviados a zonas de alto riesgo en el frente de batalla, lo que incrementa significativamente las probabilidades de muerte en los primeros meses de combate.
Peruanos entre los afectados y creciente preocupación
El informe también recoge denuncias vinculadas al Perú, donde al menos 135 ciudadanos habrían sido captados con falsas ofertas laborales. Testimonios indican que, tras su llegada a Rusia, varios habrían sido despojados de sus documentos personales y obligados a integrarse a unidades militares.
Hasta el momento, se reporta la muerte de al menos ocho peruanos, además de varios heridos, según versiones de sus familiares. Ante esta situación, la Cancillería peruana solicitó información formal al gobierno ruso y conformó un grupo de trabajo para investigar posibles delitos de trata de personas.
Finalmente, las organizaciones responsables del informe instaron a la comunidad internacional a reforzar las acciones diplomáticas y judiciales, así como a facilitar la repatriación de los extranjeros que habrían sido involucrados en este sistema de reclutamiento irregular.
