Apunte Jurídico | El derecho penal no está diseñado para satisfacer demandas inmediatas de castigo ni para responder a presiones coyunturales. Su legitimidad descansa, precisamente, en su carácter excepcional.
El sistema penal enfrenta el riesgo de desnaturalizarse al responder a presiones políticas y mediáticas, como se observa en el caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. Aunque se registraron irregularidades administrativas durante el proceso electoral, estas incidencias no configuran necesariamente delitos ni alteran la voluntad popular. Actualmente existen dos líneas de investigación, destacando una por presunta colusión en contrataciones que es independiente de los resultados de las elecciones. El análisis jurídico advierte que el uso instrumental del derecho penal para sostener narrativas de fraude debilita las instituciones democráticas del país. Finalmente, se cuestiona la publicidad de medidas restrictivas por parte de la Fiscalía, lo que podría generar una presión indebida sobre el sistema judicial.
- Diferenciación entre las irregularidades administrativas detectadas en la ONPE y la ausencia de pruebas sobre una alteración de la voluntad popular.
- Crítica a la instrumentalización del derecho penal para satisfacer demandas de castigo inmediatas o presiones de actores políticos y mediáticos.
- Identificación de dos líneas de investigación contra Corvetto: una por delitos electorales sin viabilidad objetiva y otra por presunta colusión en contrataciones.
- Advertencia sobre la actuación del Fiscal de la Nación al publicitar pedidos de detención preliminar, interfiriendo potencialmente en la labor fiscal y judicial.
- Riesgo institucional al utilizar el sistema de justicia como herramienta para desestabilizar o reforzar narrativas políticas particulares.
Cuando se desdibuja este principio y se convierte en una herramienta de reacción frente a la presión política o mediática, el sistema deja de cumplir su función y empieza a deteriorarse.
El caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, ilustra con claridad esta problemática. En el marco del proceso electoral, se registraron diversas irregularidades, mesas instaladas fuera del horario previsto, actas trasladadas en condiciones informales, entre otras situaciones que, sin duda, merecen sanción administrativa.
Sin embargo, estas incidencias no constituyen, por sí mismas, supuestos de nulidad electoral ni evidencian una alteración de la voluntad popular. Mucho menos configuran, responsabilidad penal.
Apunte Jurídico: presión mediática y uso político del derecho penal
A pesar de ello, en el caso Corvetto se observó una serie de excesos, el procurador del JNE denunciando a funcionarios de la ONPE; el candidato Rafael López Aliaga alegando fraude electoral y solicitando 20 años de prisión; diversos medios de comunicación promoviendo un linchamiento mediático; y opinólogos que, desde una lógica punitivista, invocaban tipos penales y anticipaban posibles condenas.
La situación se agrava cuando el propio Fiscal de la Nación señala que el Ministerio Público oficializó un pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE por las presuntas irregularidades del proceso electoral del 12 de abril.
El Fiscal de la Nación no debería pronunciarse —y menos aún publicitar— sobre una medida de esta naturaleza. Primero, porque no le corresponde interferir en la labor del fiscal a cargo; segundo, porque genera presión indebida sobre el órgano jurisdiccional; y tercero, porque alerta al investigado respecto de una eventual medida restrictiva de derechos.
Investigación, límites legales y riesgos institucionales
En el caso Corvetto se han abierto dos líneas de investigación. La primera, por presuntos delitos contra la voluntad popular, respecto de la cual no se advierte viabilidad objetiva.
La segunda, vinculada a delitos contra la administración pública, específicamente el delito de colusión en la contratación de la empresa Galaga, donde sí existirían elementos suficientes para justificar una investigación.
Es importante precisar que esta última línea no guarda relación con el proceso electoral ni con una eventual afectación de la voluntad popular.
El caso Corvetto quedará como un ejemplo paradigmático de lo que no debe hacerse con la justicia penal y su instrumentalización con fines políticos o narrativos. Cuando el derecho penal se utiliza como herramienta para desestabilizar o reforzar discursos —como el del supuesto fraude electoral—, se distorsiona su finalidad y se debilitan las instituciones.
Cuando la justicia penal se convierte en la primera ratio, el sistema fracasa. Se expone la fragilidad institucional y se evidencia cuánto falta para alcanzar una democracia constitucional.
Tratar al investigado como enemigo —atribuyéndole de manera indiscriminada la comisión de múltiples delitos, promoviendo medidas coercitivas sin el debido sustento o solicitando sanciones desproporcionadas— no constituye un acto de justicia.
Es, más bien, la manifestación de una lógica de castigo que se aproxima peligrosamente a la venganza o a la búsqueda de un chivo expiatorio para sostener una narrativa de fraude.
