El Consejo Regional de Arequipa aprobó este miércoles 22 de abril la censura del gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, durante una sesión extraordinaria convocada para la absolución del pliego interpelatorio. La medida fue respaldada con 8 votos a favor, alcanzando la mayoría requerida para su aplicación.
El Consejo Regional de Arequipa aprobó la censura del gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, con ocho votos a favor durante una sesión extraordinaria. Tras esta decisión, el gobernador regional Rohel Sánchez dispone de un plazo de cinco días para retirar al funcionario de su cargo según el reglamento vigente. La medida se fundamenta en cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, conflictos de intereses y falta de planes de trabajo. Por su parte, la presidenta del Consejo advirtió que se evaluarán acciones legales o constitucionales si el gobernador decide mantener al gerente en sus funciones.
- Censura del gerente Iván Prado Barreto aprobada por mayoría de ocho votos en el Consejo Regional.
- Plazo de cinco días otorgado al gobernador Rohel Sánchez para formalizar el retiro del funcionario.
- Cuestionamientos incluyen presuntas irregularidades en contrataciones y una supuesta visita a un local nocturno en comisión de servicios.
- Advertencia de la presidenta del Consejo sobre posibles acciones legales ante un eventual incumplimiento del ejecutivo regional.
Con esta decisión, el gobernador regional Rohel Sánchez tiene un plazo máximo de cinco días para retirar al funcionario del cargo, conforme a lo establecido en el reglamento del Consejo.
Durante la sesión, los consejeros manifestaron su disconformidad con la gestión del funcionario, cuestionando su desempeño al frente del sector.
Cuestionamientos y antecedentes del caso
Cabe recordar que Prado Barreto ya había sido objeto de medidas similares anteriormente. En marzo de 2025, el Consejo Regional aprobó su censura mediante el Acuerdo Regional N.° 041-2025, luego de que el funcionario no asistiera a una sesión en la que debía responder un pliego interpelatorio sobre su gestión.
Entre los principales cuestionamientos figuran presuntas irregularidades administrativas en la contratación de personal, un posible conflicto de intereses por un petitorio minero vigente, así como una supuesta visita a un establecimiento nocturno durante una comisión de servicios en el distrito de Chala. Además, se le reprochó no haber presentado su plan de trabajo ante la comisión de Energía y Minas.
Consejo advierte posibles acciones
La presidenta del Consejo Regional, Norma Ortega, advirtió que si el gobernador decide mantener al funcionario en el cargo, se evaluarán acciones legales o constitucionales.
“Si el gobernador decide mantenerlo, el Consejo buscará una salida constitucional o evaluará otro tipo de responsabilidad”, sostuvo.
Asimismo, Ortega precisó que 19 consejos regionales del país cuentan con la figura de interpelación y censura en sus reglamentos, y recordó que el Poder Judicial ha reconocido en reiteradas ocasiones la legalidad de estas facultades, respaldadas por ordenanzas con rango de ley.
