El 15 de abril se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el candidato Rafael López Aliaga, a quien se le atribuye el presunto delito de perturbación del proceso electoral tras sus recientes declaraciones sobre los comicios.
Los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Rafael López Aliaga por el presunto delito de perturbación del proceso electoral. La acusación sostiene que el candidato habría promovido una insurgencia civil al exigir la anulación de las elecciones en un plazo de 24 horas. Ante ello, los denunciantes solicitaron su detención inmediata bajo la figura de flagrancia por la difusión de mensajes en actos públicos y redes sociales. Como evidencia, se entregaron grabaciones de sus declaraciones frente al Jurado Nacional de Elecciones y capturas de sus publicaciones digitales.
- Se atribuye al líder de Renovación Popular el uso de su influencia pública para incitar al desorden y cuestionar la legitimidad de los comicios sin presentar pruebas.
- López Aliaga exigió la detención del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y afirmó la supuesta sustracción de 500 mil votos durante el proceso.
- El candidato solicitó el retiro del país de las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA tras desestimar su labor institucional.
- La denuncia argumenta que estas conductas afectan el derecho al voto y la estabilidad institucional, excediendo los límites de la libertad de expresión.
Acusan llamados al desorden y piden su detención inmediata
De acuerdo con el documento legal, el líder de Renovación Popular habría utilizado su influencia pública para promover una insurgencia civil luego de cuestionar los resultados electorales. Los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán sostienen que el candidato incitó al desorden al exigir la anulación de las elecciones en un plazo de 24 horas.
En ese sentido, los denunciantes solicitaron que se ordene su detención bajo la figura de flagrancia. Según explicaron, mientras continúe difundiendo mensajes en redes sociales y durante actos públicos convocando a la insurgencia, el presunto delito seguiría en ejecución.
Como parte de las evidencias, la Fiscalía recibió grabaciones del pronunciamiento que López Aliaga ofreció frente al Jurado Nacional de Elecciones, así como capturas de sus publicaciones digitales. En el escrito se advierte que este tipo de conductas no estaría protegido por la libertad de expresión, debido a que podría afectar tanto el derecho al voto como la estabilidad institucional del país.
Ultimátum y cuestionamientos al proceso electoral
La denuncia se produce luego de una manifestación realizada la noche anterior frente al Jurado Nacional de Elecciones. Durante ese acto, López Aliaga lanzó un ultimátum de 24 horas para que se anulen los resultados y exigió la detención del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
El candidato afirmó que se habrían sustraído cerca de 500 mil votos, aunque no presentó pruebas que sustenten dicha acusación. Asimismo, calificó el proceso electoral como un mecanismo destinado a distorsionar la voluntad ciudadana y, según se recoge en la denuncia, también desestimó la labor de los observadores internacionales.
En esa línea, el propio López Aliaga pidió que las misiones de la Unión Europea y la OEA abandonen el país, pese a que las autoridades electorales han atribuido los retrasos registrados a problemas logísticos en el traslado de actas.
