La oficina regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) descartó que exista concertación de precios en la venta de combustibles en la ciudad de Arequipa, en medio de las quejas de ciudadanos por el incremento en los costos y el aparente desabastecimiento en algunos grifos.
La oficina regional de Indecopi en Arequipa descartó la existencia de concertación de precios en la venta de combustibles pese a las recientes quejas ciudadanas por el alza de costos. Lucía Cornejo, jefa regional de la entidad, precisó que no se han detectado acuerdos ilegales entre empresas y que el mercado se rige actualmente por la oferta y la demanda. Durante las inspecciones a 35 estaciones de servicio, se constató un desabastecimiento parcial que ha llevado a algunos establecimientos a restringir las ventas por cliente. Finalmente, la funcionaria advirtió que las sanciones por prácticas anticompetitivas pueden alcanzar los 5.5 millones de soles, mientras que el acaparamiento compete al Ministerio Público.
- Indecopi no halló pruebas de acuerdos entre grifos para fijar precios, atribuyendo las variaciones al libre mercado.
- Se confirmaron restricciones de venta de hasta 30 soles por consumidor en diversos establecimientos debido a la baja disponibilidad de stock.
- Las multas por concertación de precios podrían llegar a las 1,000 UIT, equivalentes a más de 5 millones de soles.
- Las inspecciones incluyeron la verificación de disponibilidad de gas doméstico en distribuidoras del distrito de Socabaya.
- La entidad aclaró que la investigación de delitos como la especulación y el acaparamiento es responsabilidad del Ministerio Público.
La jefa regional de la entidad, Lucía Cornejo, explicó que las funciones del Indecopi se centran en dos ámbitos principales: la libre competencia y la protección al consumidor, por lo que la institución se encarga de supervisar posibles prácticas anticompetitivas como acuerdos entre empresas para fijar precios.
Según indicó la funcionaria, hasta el momento no se han detectado indicios de acuerdos entre estaciones de servicio que evidencien una concertación para elevar los precios del combustible.
“En el mercado de combustibles, los precios se rigen por la oferta y la demanda. Hasta el momento no hemos detectado distorsiones que evidencien concertación entre los grifos”, señaló.
Cornejo agregó que las investigaciones por libre competencia requieren análisis técnicos rigurosos, por lo que no basta con observar precios similares en varios establecimientos para concluir que existe un acuerdo ilegal entre empresas.
Asimismo, recordó que las sanciones por concertación de precios pueden ser severas, con multas que pueden llegar hasta mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale aproximadamente a 5 millones 500 mil soles.
Indecopi confirma desabastecimiento en algunos grifos
Respecto a la situación del combustible en la ciudad, la representante de Indecopi explicó que la entidad también supervisa que los establecimientos informen correctamente a los consumidores sobre la disponibilidad de productos.
Durante las inspecciones se constató que algunos grifos presentan limitaciones en la venta de combustible, llegando incluso a restringir la compra hasta 30 soles por cliente debido a la disponibilidad limitada del producto. “Lo que verificamos es que, si el establecimiento indica que no hay combustible, efectivamente sea así”, precisó la funcionaria.
Según informó la entidad, se supervisaron 35 grifos de los 365 que existen en Arequipa, verificando que algunas estaciones no contaban con combustible, mientras que otras sí mantenían stock disponible para los usuarios.
Además, durante las inspecciones también se visitó una distribuidora de gas doméstico ubicada en el distrito de Socabaya, donde se confirmó que existía disponibilidad de balones de gas para uso domiciliario.
Finalmente, Cornejo recordó que el acaparamiento y la especulación de precios constituyen delitos penales, por lo que su investigación corresponde al Ministerio Público del Perú, que puede iniciar acciones de oficio o tras denuncias presentadas por los usuarios.
