La obra de mejoramiento de la avenida Juan de la Torre, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, presenta serias deficiencias técnicas que comprometerían su calidad y durabilidad, según un reciente informe de la Contraloría General de la República.
La Contraloría General de la República detectó deficiencias técnicas críticas en la obra de mejoramiento de la avenida Juan de la Torre, valorizada en S/ 2.3 millones y ejecutada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. El informe de control revela la falta de ensayos técnicos obligatorios y niveles de compactación de pavimento inferiores a los estándares exigidos, lo que pone en riesgo la durabilidad de la vía. Además, se advirtió la contaminación de la base granular por el colapso de desagües y el inicio de los trabajos sin la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico requerido por el Ministerio de Cultura. Ante estos hallazgos, el órgano de control otorgó un plazo de cinco días al alcalde Víctor Hugo Rivera para presentar las acciones correctivas necesarias.
- Incumplimiento de ensayos técnicos obligatorios y niveles de compactación deficientes que comprometen la calidad estructural del pavimento.
- Afectación de la base granular por el colapso de buzones de desagüe sin que se verificara el reemplazo del material contaminado.
- Inicio de la ejecución física sin contar con la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico por parte del Ministerio de Cultura.
- Falta de transparencia en la gestión del proyecto al no actualizar la información en el sistema INFOBRAS.
- Plazo perentorio de cinco días otorgado a la Municipalidad Provincial de Arequipa para subsanar las observaciones detectadas.
El proyecto contempla la renovación de 11 230.40 metros cuadrados de calzada y la implementación de 1 261 metros de señalización horizontal, con una inversión de S/ 2,354,497.35 y un plazo de ejecución de 60 días calendario. La evaluación realizada entre el 6 de enero y el 2 de febrero detectó incumplimientos que podrían generar un deterioro prematuro de la vía.
Informe de control revela fallas en pruebas y compactación
De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 010-2026-OCI/0353-SCC, el contratista no ejecutó la cantidad mínima de ensayos técnicos obligatorios para verificar la calidad del material utilizado en la base del pavimento, la cual tiene un espesor de 25 centímetros y debe cumplir estrictos estándares de compactación para soportar adecuadamente el tránsito vehicular.
Entre las pruebas omitidas figuran ensayos de granulometría, límites de consistencia, sales solubles, partículas fracturadas y densidad de campo, exigidos tanto por la normativa técnica como por el expediente de obra.
Asimismo, se detectaron niveles de compactación inferiores al 100 % de la densidad máxima seca obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado, herramienta clave para determinar si el material fue compactado correctamente.
El informe también detalla un incidente que agravó la situación. El 13 de enero, lluvias registradas en la zona provocaron el colapso de un buzón de desagüe en la intersección con la avenida Álvarez Thomas, generando el ingreso de aguas residuales que inundaron la base granular ya colocada y compactada.
Lo preocupante, según la Contraloría, es que dicho buzón ya había colapsado días antes, sin que se adoptaran medidas correctivas oportunas. Tampoco se evaluó el reemplazo del material contaminado ni se verificó si el terreno mantenía sus propiedades estructurales.
Observaciones por falta de Plan de Monitoreo Arqueológico
Otro aspecto crítico identificado es la ausencia del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR), requisito indispensable antes del inicio de la ejecución física de la obra.
Aunque el expediente técnico contempló una partida de S/ 12,000 para este concepto, al 27 de enero el plan se encontraba aún en trámite y había sido observado por el Ministerio de Cultura, pese a que los trabajos comenzaron el 6 de enero de 2026.
La avenida intervenida se ubica dentro de la zona de amortiguamiento del Centro Histórico de Arequipa, lo que, de acuerdo con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, exige la autorización previa del PMAR antes de cualquier remoción de suelo. La falta de este permiso podría derivar en la paralización de la obra y una eventual ampliación de plazo, advirtió el órgano de control.
Asimismo, se verificó que la información del proyecto no estaba actualizada en el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), incumpliendo las disposiciones de transparencia.
Frente a estas observaciones, la Contraloría otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles al alcalde Víctor Hugo Rivera para que informe las acciones preventivas y correctivas que se adoptarán para subsanar las situaciones adversas detectadas, debiendo adjuntar la documentación de sustento correspondiente.
