El partido político País para Todos atraviesa un momento crítico luego de que se difundieran denuncias sobre un presunto direccionamiento irregular de los recursos de la franja electoral hacia el canal Nativa. La situación ha generado tensiones internas, al punto de que su candidato presidencial, Carlos Álvarez, junto con alrededor de 30 aspirantes al Congreso, exigieron explicaciones claras y advirtieron con abandonar la organización si no se aclara lo ocurrido.
El partido político País para Todos enfrenta una severa crisis interna tras las denuncias de presunto direccionamiento irregular de fondos de la franja electoral hacia el canal Nativa. El candidato presidencial Carlos Álvarez y cerca de 30 aspirantes al Congreso han amenazado con renunciar si no se esclarecen los pagos realizados a este medio vinculado a Miguel del Castillo. Los reportes señalan que varias agrupaciones habrían destinado recursos públicos bajo un esquema de comisiones, lo que ha motivado pedidos de transparencia y sanciones inmediatas. Mientras la dirigencia niega las irregularidades, otros partidos como Primero la Gente también han tomado medidas disciplinarias por casos similares relacionados con la misma empresa de televisión.
- Carlos Álvarez y 30 candidatos legislativos condicionan su permanencia en el partido a una investigación sobre el uso de recursos de la franja electoral.
- Se investiga el presunto pago de comisiones del 15% en contratos que habrían beneficiado al canal Nativa con cerca de S/ 2 millones provenientes de siete partidos.
- El partido Primero la Gente suspendió los derechos de su fundador, Miguel del Castillo, por presunto conflicto de intereses al direccionar fondos a su propia empresa.
- La dirigencia de País para Todos evalúa desistir del uso publicitario de Nativa para mitigar los cuestionamientos éticos surgidos.
- Expertos y candidatos cuestionan la falta de control de la ONPE sobre los S/ 80 millones asignados para la propaganda electoral de las 38 organizaciones participantes.
Amenazas de renuncia y pedidos de transparencia
La controversia se intensificó luego de que el portal La Encerrona informara que diversas agrupaciones políticas —entre ellas País para Todos— habrían destinado más de S/ 600 000 a un medio vinculado a Miguel del Castillo, fundador de Primero la Gente, presuntamente bajo un esquema de comisiones del 15 %.
Ante ello, Carlos Álvarez se deslindó públicamente de cualquier manejo financiero del partido y reclamó una investigación inmediata, así como sanciones para los responsables. En una declaración directa, sostuvo: “Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”.
Tras el pronunciamiento del candidato, la dirigencia de País para Todos negó la existencia de irregularidades y aseguró que la contratación del canal se realizó bajo “criterios estrictamente estratégicos”. No obstante, anunció que evaluará desistir del uso de la franja electoral en Nativa para evitar suspicacias, y calificó de difamatorias las versiones sobre el cobro de comisiones.
La presión interna no se limitó al candidato presidencial. Martín Soto, postulante a diputado y jefe del plan de Gobierno del partido, junto con otros 30 aspirantes a senadores y diputados, advirtió que también renunciarán si no se identifica y separa a los responsables. En declaraciones a Ampliación de Noticias, Soto reconoció que el comunicado partidario fue oportuno, pero consideró que careció de explicaciones de fondo. Según dijo, la decisión de Álvarez de poner su candidatura a disposición busca dar una señal política que la ciudadanía comprenderá.
El dirigente también afirmó que el canal Nativa habría recibido cerca de S/ 2 millones provenientes de siete partidos políticos, entre ellos Primero la Gente, Salvemos al Perú, País para Todos, Partido Demócrata Federal, Partido de los Trabajadores y el Partido Patriótico del Perú. Incluso expresó su sorpresa al señalar que desconocía la existencia del medio antes de conocerse el caso.
Soto cuestionó además el uso de los fondos públicos destinados a la franja electoral, recordando que la ONPE distribuyó cerca de S/ 80 millones entre las 38 organizaciones que participan en los comicios. A su juicio, existe poco control y no hay evidencia clara de que este gasto mejore la calidad de la democracia. Para el politólogo, el problema persistirá si no se impulsa una reforma política integral del sistema de partidos y si las dirigencias no rinden cuentas a la ciudadanía ni sancionan las malas decisiones.
Primero la Gente también bajo la lupa por el caso Nativa
El escándalo no solo alcanza a País para Todos. Dirigentes de Primero la Gente denunciaron presuntas irregularidades en el uso de los recursos de su franja electoral y responsabilizaron directamente a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores del partido. Su candidata presidencial, Marisol Pérez Tello, confirmó en El Poder en tus Manos de RPP que Del Castillo tiene suspendidos sus derechos como militante y dirigente.
Según la organización, unos S/ 416 000 de los fondos públicos asignados por la ONPE habrían sido direccionados de manera unilateral a ABRA Producciones SAC, razón social del canal Nativa Televisión, empresa de propiedad de Del Castillo. La dirigencia calificó el hecho como una grave falta ética y un claro conflicto de intereses, al no haber sido informado ni autorizado por los órganos del partido.
Pérez Tello precisó que, tras conocerse estos hechos, ella, los vicepresidentes de su plancha presidencial y el secretario general de comunicaciones comunicaron la situación a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE y solicitaron desistir de la difusión de propaganda electoral en el citado medio.
