Arequipa. La Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa consiguió que el Poder Judicial ordene seis meses de prisión preventiva contra dos hombres detenidos en flagrancia tras sustraer dinero, joyas y otros bienes de una vivienda ubicada en el Cercado de la ciudad. La medida recae sobre César Arguelles de B. y Marco Sánchez M., quienes fueron intervenidos luego de un arresto ciudadano.
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Intervención rápida y coordinación vecinal
De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos ocurrieron la tarde del 25 de enero de 2026, cuando los imputados ingresaron a un inmueble con la finalidad de cometer el hurto. Antes de acceder a la vivienda tocaron el timbre para verificar que no hubiera ocupantes y, al confirmar que estaba deshabitada, fracturaron las puertas y se apropiaron de dinero en efectivo, joyas y otros objetos valorizados en más de 50 mil soles.
El delito fue advertido cuando uno de los ocupantes recibió una alerta en su teléfono celular proveniente de una cámara de seguridad instalada en la habitación de su madre. Al activarse el sensor de movimiento, el denunciante visualizó a uno de los sujetos dentro del inmueble y de inmediato se comunicó con la junta vecinal de la zona. Los vecinos activaron las alarmas y enfrentaron a los presuntos delincuentes cuando salían de la vivienda con los bienes sustraídos.
Durante el intento de huida, los imputados agredieron a los vecinos con fierros e intentaron escapar a bordo de un vehículo rojo. Sin embargo, los ciudadanos organizados lograron reducirlos y efectuar el arresto ciudadano, para luego entregarlos a la Policía Nacional.
Sustento fiscal y decisión judicial
Tras la intervención, el Ministerio Público actuó de manera inmediata. La fiscal adjunta provincial Marlen Lizbeth Huampa Durand dispuso y participó en las diligencias necesarias para reunir los fundados y graves elementos de convicción que fueron expuestos en audiencia ante el Poder Judicial, lo que permitió sustentar el requerimiento de prisión preventiva.
En la audiencia, la representante del Ministerio Público argumentó que el ilícito fue cometido de forma premeditada y planificada, además de señalar que ambos investigados son reincidentes. Asimismo, sostuvo que existe peligro de fuga, ya que la eventual pena a imponerse superaría los cinco años de privación de libertad, por lo que la medida coercitiva resulta necesaria para garantizar su presencia durante el proceso.
El trabajo fiscal se realizó de manera coordinada con el fiscal provincial Albert Aldonates Molina, la asistente en función fiscal Nardy Melo Zevallos y con el apoyo de la secigrista Ariana Nicol Velasquez Delgado, lo que permitió obtener un resultado favorable en este caso de flagrancia.
Finalmente, el Ministerio Público señaló que “reafirma su compromiso de perseguir con firmeza los delitos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, procediendo objetivamente en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”.
