La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió este viernes 23 de enero destituir a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema, tras aprobar por unanimidad su remoción en sesión del pleno. La decisión se enmarca en un procedimiento disciplinario que concluyó que la magistrada no acató una resolución que ordenaba restituir a Patricia Benavides en la jefatura del Ministerio Público.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió destituir por unanimidad a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema tras determinar que incumplió la orden de reponer a Patricia Benavides en el Ministerio Público. El órgano constitucional consideró que la magistrada cometió infracciones graves al no convocar a la Junta de Fiscales Supremos para facilitar el traspaso de funciones en junio de 2025. En su defensa, Espinoza calificó la medida de arbitraria y argumentó que la reincorporación era legalmente inviable porque Benavides ya se encontraba destituida por otro proceso. Esta decisión busca reafirmar la institucionalidad y el respeto a las resoluciones emitidas por los organismos constitucionales autónomos.
- La remoción de Delia Espinoza fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
- La sanción se fundamenta en el desacato a la resolución que ordenaba restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
- La JNJ calificó la conducta de Espinoza como una infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal y un acto de desobediencia.
- Delia Espinoza sostuvo que la orden de reposición era jurídica y materialmente imposible de ejecutar.
- La defensa de la ahora exfiscal suprema cuestionó la veracidad del informe disciplinario y adelantó que impugnará los cargos.
El acuerdo fue respaldado por los miembros César Galindo Sandoval, Germán Serkovic González y Víctor Chanduví Cornejo, a quienes se sumaron Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos mediante votos singulares, consolidando así una posición unánime del órgano constitucional.
Fundamentos de la destitución según la JNJ
El proceso disciplinario se inició en 2025, luego de que Espinoza no ejecutara la disposición emitida el 12 de junio de ese año, mediante la cual la JNJ ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Dicha resolución se sustentó en una revisión de su situación legal tras diversas decisiones judiciales y administrativas.
Según la Junta, la entonces fiscal suprema no solo dejó de cumplir la orden, sino que tampoco convocó a la Junta de Fiscales Supremos para viabilizar el traspaso de funciones. Para la JNJ, estas omisiones constituyeron infracciones graves y muy graves a la Ley de la Carrera Fiscal y a los deberes inherentes a su cargo.
El informe disciplinario también evaluó la continuidad de Espinoza en funciones pese a haber sido notificada formalmente de la reposición, conducta que el órgano calificó como un acto de desobediencia institucional. En ese sentido, la JNJ consideró que su actuación afectó la institucionalidad del Ministerio Público y generó un escenario de incertidumbre respecto al respeto de las decisiones de los organismos constitucionales autónomos, por lo que concluyó que la destitución era la sanción proporcional.
La defensa de Delia Espinoza ante el pleno
Durante todo el proceso, Delia Espinoza rechazó las imputaciones y cuestionó la legalidad del procedimiento disciplinario. Sostuvo que nunca incumplió una orden válida y que sus actuaciones se ajustaron al marco legal vigente, por lo que calificó de arbitraria la acusación en su contra.
En la audiencia del 22 de enero, argumentó que el 16 de junio —fecha en la que la JNJ exigía la restitución de Benavides— esta se encontraba formalmente destituida por otro proceso administrativo relacionado con la remoción irregular del fiscal Luis Felipe Zapata González. Afirmó que esa condición hacía jurídicamente imposible cualquier reincorporación. “Ella estaba legalmente destituida. Luego intentaron disimular suspendiéndola, pero hasta septiembre seguía fuera del cargo. No podía asumir ni siquiera como fiscal suprema titular”, declaró.
Espinoza también respondió a las observaciones del informe presentado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, sobre una vigilia realizada en la sede del Ministerio Público. Negó que dicho acto constituya una falta disciplinaria y señaló que se trató de una actividad religiosa organizada por personal de la institución. En ese contexto, cuestionó: “¿Desde cuándo rezar es delito?”.
Finalmente, acusó a Patricia Benavides de haber intentado ingresar de forma “ilegal e impropia” a la Fiscalía, acompañada de personas armadas, pese a que los protocolos internos prohíben el ingreso de armas incluso a la Fiscalía de la Nación. “Lo que quisieron fue asaltar el Ministerio Público y eso todo el Perú lo sabe”, afirmó. La exfiscal suprema sostuvo además que el informe que sustenta su destitución “está plagado de falsedades” y adelantó que buscará demostrar ante la JNJ que las imputaciones carecen de sustento jurídico.
