La congresista Ruth Luque anunció el inicio de la recolección de firmas para impulsar una moción de censura contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. La iniciativa lo acusa de haber incurrido en una “injerencia indebida” en el ámbito judicial, al pronunciarse públicamente sobre el proceso del caso Cayara, en el que se investiga la presunta ejecución extrajudicial de cerca de 30 campesinos en 1988 por parte del Ejército.
La congresista Ruth Luque ha iniciado la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta injerencia en el Poder Judicial. La iniciativa se fundamenta en las declaraciones públicas del legislador sobre el caso Cayara, donde habría presionado a los magistrados para aplicar la Ley 32107 sobre delitos de lesa humanidad. Según el documento, Rospigliosi advirtió con denuncias ante la Junta Nacional de Justicia a los jueces que no acaten dicha normativa, la cual limita los procesos por crímenes ocurridos antes del año 2002. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la neutralidad del Legislativo y la independencia de las instancias judiciales encargadas de resolver casos de derechos humanos.
- Ruth Luque impulsa una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por presunta injerencia indebida en procesos judiciales.
- El presidente del Congreso es señalado por advertir con denuncias penales y administrativas a magistrados que no apliquen la Ley 32107.
- La controversia se centra en el caso Cayara y la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
- Gremios judiciales han expresado preocupación por la presencia virtual de Rospigliosi en audiencias judiciales como forma de intimidación.
De acuerdo con el documento, el titular del Parlamento habría presionado a los magistrados encargados de resolver la prescripción de delitos de lesa humanidad, exponiéndolos públicamente y advirtiendo posibles denuncias ante entidades de control judicial.
Señalamientos por presiones al Poder Judicial
La moción sostiene que el 12 de enero Rospigliosi publicó una columna en el diario Expreso en la que mencionó de forma directa a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata. En ese artículo, el legislador los calificó como magistrados con “pésimos antecedentes” y señaló que, de no aplicar la Ley 32107 —norma aprobada por el Congreso en 2025—, debían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) e incluso enfrentar procesos penales.
El texto de la censura recuerda que Rospigliosi llegó a afirmar que, si los jueces no aplicaban dicha ley, “deberían ser detenidos en flagrancia y enviados a prisión”. Para los impulsores de la moción, que una autoridad de alto nivel del Legislativo emita este tipo de declaraciones y luego participe de manera virtual en la audiencia judicial configura un acto de intimidación incompatible con la neutralidad que exige el cargo.
Posteriormente, el propio Rospigliosi ratificó su postura al señalar que “si algún magistrado prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley, deberá ser sancionado de inmediato por la JNJ y por la OCMA y será denunciado penalmente por haber prevaricado”. La moción interpreta estas expresiones como una presión directa sobre jueces que aún no se pronuncian sobre la prescripción de los delitos atribuidos a los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila.
Reacciones y antecedentes del caso
El documento también menciona que durante la audiencia del 12 de enero se registró la conexión virtual del presidente del Congreso, hecho que generó preocupación en organizaciones del sistema de justicia, como la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM). Además, se subraya que la actuación de Rospigliosi contradice el deber de imparcialidad institucional y recuerda que, en el pasado, antes de su vinculación con el fujimorismo, el propio congresista reconoció la masacre de Cayara como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa advierte que, tras estos episodios, la Sala Penal a cargo del proceso decidió postergar su pronunciamiento sobre la prescripción del caso, lo que refuerza la sospecha de una posible presión política.
Debate por la Ley 32107
La controversia se enmarca también en la aprobación de la Ley 32107, cuestionada por organismos internacionales. En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano no promulgar la norma al considerar que vulnera compromisos internacionales. Pese a ello, la ley fue aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte con el respaldo de bancadas afines al fujimorismo y de sectores vinculados a las Fuerzas Armadas.
Esta legislación impide procesar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, dejando fuera los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, periodo que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
