El reciente choque de trenes en la vía que conduce a Machu Picchu volvió a encender las alertas sobre la seguridad del principal corredor turístico del país. El siniestro dejó una persona fallecida y más de un centenar de heridos, generando cuestionamientos inmediatos sobre el funcionamiento del sistema de transporte y la actuación de las entidades responsables. Desde el ámbito regional, se ha puesto énfasis en esclarecer las causas del hecho y en establecer responsabilidades concretas.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, exigió sanciones drásticas tras el reciente choque de trenes en la vía a Machu Picchu que dejó un fallecido y más de cien heridos. Ante la recurrencia de incidentes en el corredor turístico, la autoridad regional solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y la Contraloría para determinar responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, el Ejecutivo convocó a una reunión multisectorial para el 8 de enero con el fin de evaluar las deficiencias estructurales en el sistema de transporte ferroviario y terrestre. Salcedo enfatizó que la seguridad de los visitantes es innegociable y demandó soluciones definitivas para proteger la reputación internacional del destino.
- El accidente ferroviario en la ruta hacia Machu Picchu resultó en una víctima mortal y más de un centenar de personas heridas.
- El gobernador Werner Salcedo demandó sanciones claras y la intervención de organismos de control frente a fallas en la seguridad del servicio.
- Se programó una reunión multisectorial en Lima para el 8 de enero bajo la Unidad de Gestión de Machu Picchu para definir acciones correctivas.
- La autoridad regional denunció irregularidades administrativas en autorizaciones de transporte terrestre otorgadas fuera de la jurisdicción del Cusco.
- El gobierno regional busca implementar una evaluación integral del modelo de transporte que garantice legalidad, control efectivo y alternativas sostenibles.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, llevó el tema al debate nacional al exigir medidas firmes contra quienes resulten responsables. Para la autoridad, la seguridad de pasajeros y visitantes no puede depender de servicios improvisados ni de operadores que no ofrezcan garantías. En sus declaraciones públicas, recordó que los problemas en el transporte hacia Machu Picchu son recurrentes y que este accidente se suma a una cadena de episodios que afectan a la población y al turismo.
Coordinación nacional y revisión de fallas
En medio de este escenario, el Ejecutivo convocó a una reunión multisectorial en Lima para el 8 de enero, en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. Al encuentro asistirán representantes del gobierno central, autoridades locales y actores vinculados al transporte ferroviario y terrestre. El objetivo es evaluar las debilidades del sistema y definir acciones correctivas frente a las deficiencias detectadas.
Desde Cusco, Salcedo remarcó que el diálogo debe traducirse en decisiones inmediatas. Según explicó, el reclamo ciudadano se centra en prevenir nuevos accidentes y evitar conflictos que perjudiquen la imagen del destino. En ese contexto, sostuvo de manera enfática: “Lo que no puede ocurrir es una huelga más o un accidente más. Eso es inviable e innegociable, no solo para mi gestión, sino para todo el Perú”.
Pedido de sanciones y control institucional en Cusco
El gobernador también informó que se viene coordinando con ministerios relacionados con transporte, comercio exterior y cultura, así como con autoridades de Machu Picchu y Urubamba, para identificar problemas estructurales. Además, advirtió sobre irregularidades en el transporte terrestre, señalando que existen operadores con autorizaciones otorgadas fuera de la región, lo que amerita una revisión administrativa y fiscal.
En cuanto a las responsabilidades, Salcedo señaló —en referencia a sus declaraciones— que el Cusco no espera explicaciones genéricas, sino sanciones claras. En esa línea, pidió la intervención del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República para determinar posibles faltas administrativas y penales, subrayando que la población exige castigos a quienes afectan la seguridad y la reputación del destino.
Finalmente, el gobierno regional reiteró su rechazo a esquemas informales y a servicios que operan al margen de la normativa. La discusión actual, según indicaron las autoridades, se divide entre la atención a las víctimas del accidente y una evaluación integral del modelo de transporte hacia Machu Picchu, incluyendo alternativas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y aseguren una gestión ordenada. Con esa agenda, Cusco llega a la reunión del 8 de enero bajo la presión de un territorio que demanda seguridad, legalidad y control efectivo.
