El ejecutor coactivo de la Municipalidad de Arequipa (MPA), Luis Enrique Calla Rodríguez, detenido por pedir una presunta “coima”, quedó el libertad. El juzgado dispuso una sentencia de 5 años, que fue convertida a jornadas laborales, tras haber sido detenido en flagrancia por presuntamente solicitar dinero a un empresario a cambio de “favores” administrativos.
Luis Enrique Calla Rodríguez, ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, fue sentenciado a cinco años de pena convertida a jornadas laborales tras ser detenido en flagrancia por solicitar un soborno a un empresario. El exfuncionario fue intervenido por la Policía Nacional y el Ministerio Público mientras presuntamente recibía parte del dinero exigido para evitar la clausura y el embargo de un local comercial. A pesar de evitar la cárcel efectiva, el Poder Judicial le impuso una multa de S/ 4.700 y la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena. La sentencia se concretó luego de que el procesado se acogiera a la figura de terminación anticipada ante las pruebas presentadas por la fiscalía.
- El exejecutor coactivo Luis Enrique Calla fue sentenciado a jornadas laborales tras ser hallado culpable de solicitar un soborno de S/ 1.700.
- La intervención policial ocurrió en flagrancia en el Cercado de Arequipa mientras el funcionario recibía un adelanto del dinero pactado.
- La condena incluye una multa de S/ 4.700 y la inhabilitación total para ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años.
- El exfuncionario se acogió a la terminación anticipada para resolver su situación jurídica tras el operativo ejecutado por la Fiscalía y la PNP.
Aunque evitó una pena efectiva de cárcel, el ahora exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa deberá cumplir jornadas laborales, pagar una multa de S/ 4.700 y quedó suspendido de toda función pública.
Calla Rodríguez fue intervenido la noche del lunes 26 de diciembre en la avenida Parra, en pleno Cercado de Arequipa, cuando presuntamente recibía parte de los S/ 1.700 que habría exigido a un empresario. Según la investigación, el pago tenía como finalidad evitar la clausura total de un local comercial, frenar un embargo de bienes y agilizar trámites municipales.
Ejecutor coactivo: intervención en flagrancia y presunto cobro ilegal
Durante el operativo, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público incautaron S/ 450, monto que habría sido entregado como adelanto del dinero solicitado. La denuncia señala que el conflicto se originó tras un proceso judicial de desalojo que aún se encuentra en trámite, pero que derivó en acciones administrativas por parte de la comuna provincial.
El 23 de diciembre, la municipalidad ejecutó un operativo en el local “Mister Cuy”, donde se dispuso el tapiado de accesos. Ese mismo día, Calla Rodríguez se habría acercado al empresario indicando que “las órdenes venían de arriba”, pese a que la resolución administrativa llevaba su propia firma.
Posteriormente, el denunciante fue citado primero a la oficina del ejecutor coactivo y luego a un grifo cercano a la avenida Tacna y Arica, donde se habría concretado el presunto ofrecimiento ilegal. Según el testimonio, el funcionario le aseguró al empresario que podría seguir operando y evitar nuevas medidas si realizaba el pago exigido, advirtiéndole que el proceso regular demoraría varios meses.
Tras su detención, Calla Rodríguez se acogió a la terminación anticipada, por lo que el juez le impuso una pena de cinco años, convertida en jornadas laborales, además de la inhabilitación y separación del cargo por el mismo periodo
