El Poder Judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva para seis efectivos del Departamento de Investigación de Delitos contra Asaltos y Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), así como para una civil, quienes son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
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La medida fue adoptada tras el requerimiento presentado por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Entre los investigados figuran el teniente Luis Juárez y los suboficiales Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, además de María Gabriel, señalada como coimputada en el caso.
Investigación por presunto pago ilícito durante intervención policial
Según la tesis fiscal, los agentes habrían solicitado la suma de S/ 30.000 a cambio de no detener a personas intervenidas en flagrancia por presuntos delitos de estafa cibernética en el distrito de San Miguel. La decisión judicial se sustentó en diversos indicios que vincularían a los investigados con este pedido ilegal.
La diligencia que permitió la detención preliminar de los implicados estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal, quien lideró las acciones del Ministerio Público en coordinación con las unidades policiales correspondientes.
De acuerdo con la investigación, durante un operativo los agentes optaron por no proceder con la detención de los presuntos implicados en estafa cibernética, condicionando su liberación a la entrega del dinero. La acusación fiscal se apoya en registros y testimonios recabados durante las pesquisas.
Mientras continúan las investigaciones, los imputados permanecerán bajo prisión preventiva con el objetivo de asegurar el desarrollo del proceso penal y evitar posibles actos de obstrucción. La Fiscalía indicó que no se descarta la aparición de nuevos elementos o la incorporación de más personas al caso.
Las defensas legales de los investigados podrán interponer los recursos que consideren pertinentes para solicitar la revisión de la medida dictada por el Poder Judicial.
PNP exige sanciones ejemplares
Tras conocerse la decisión judicial, el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monrroy, solicitó que se apliquen sanciones ejemplares contra los efectivos implicados. El alto mando afirmó que la Policía Nacional brindará todas las facilidades para esclarecer los hechos y remarcó que la institución no tolerará actos de corrupción.
“Lo que sí puedo ratificar es el compromiso de la Policía Nacional en que estos hechos aislados no queden impunes, que se establezcan las responsabilidades que tengan que hacerse”, declaró Monrroy.
El general precisó que la intervención fue ejecutada con apoyo del Escuadrón de Emergencia y la Unidad de Criminalística Especializada (UCE), encargadas de brindar seguridad durante el operativo. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a diferenciar la conducta individual de los agentes investigados del trabajo que realiza la institución en su conjunto.
Finalmente, recordó que cualquier ciudadano puede denunciar presuntos actos delictivos cometidos por autoridades o funcionarios ante la Fiscalía de la Nación o mediante las plataformas oficiales del Estado.
