Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?…Un congreso que no trabaja…. ¿Sabía usted que, en solo un año, los congresistas de la República solicitaron más de 2 mil 300 licencias? No estamos hablando de emergencias nacionales ni misiones diplomáticas extraordinarias. La mayoría fueron por motivos personales, viajes, supuestos problemas de salud o excusas tan insólitas como “fallas de conexión”, pese a que cuentan con teléfonos de última tecnología y todos los privilegios del Estado.
Las cifras son escandalosas: de 2 mil 394 licencias solicitadas, solo 112 fueron sin goce de haber. Es decir, la gran mayoría dejó de trabajar… pero siguió cobrando puntualmente. Y lo más grave: muchas de estas licencias se usaron antes de ser aprobadas por el Consejo Directivo, burlando el propio reglamento del Congreso.
De allí que solo haya un tercio de los congresistas que entre el aburrimiento, hastío y cansancio marquen asistencia en los plenos del parlamento. El resto brilla por su ausencia.
El Reglamento del Parlamento contempla licencias oficiales, por enfermedad, personales y por viaje.
Licencias, ausencias y un Parlamento desconectado
Sin embargo, lo que debía ser una excepción se ha convertido en una práctica sistemática de evasión del trabajo legislativo. Congresistas como Santiago Quiroz, Nieves Limachi y Digna Calle figuran entre los casos más cuestionados, convirtiéndose en símbolos de un Congreso desconectado de la realidad del país.
¿Y qué ha hecho el Congreso frente a este abuso? Nada. No ha reformado su reglamento, no ha endurecido las sanciones, no ha puesto límites claros. Se protegen entre ellos, blindan sus privilegios y normalizan la informalidad dentro de la institución que debería dar ejemplo de legalidad.
Luego se sorprenden (o fingen sorpresa) cuando la ciudadanía les da la espalda.
Las encuestas no mienten. Según Ipsos y CPI, la aprobación del Congreso en 2025 se mueve entre el 1 % y el 6 %, mientras que la desaprobación supera largamente el 90 %. Todas las mediciones recientes coinciden: el Congreso es una de las instituciones más rechazadas del país.

Este rechazo no es un capricho ni una campaña de desprestigio. Es la consecuencia directa de un Parlamento que no legisla para la gente, que prioriza intereses personales, que vive enfrascado en peleas políticas y que ha profundizado la crisis institucional, el enfrentamiento entre poderes del Estado y la sensación permanente de inestabilidad.
Lo más indignante es la actitud: no reconocen su fracaso, no asumen responsabilidades y siguen actuando como si el país no los estuviera observando. Un Congreso que no trabaja, que se ausenta sin pudor y que se niega a cambiar, no merece confianza ni respeto.
Es así que la ciudadanía ya emitió su veredicto y ha sido demoledor.
El rechazo es claro, masivo y sostenido
El rechazo es claro, masivo y sostenido, pero en el Congreso prefieren no escucharlo. Por el contrario, hacen oídos sordos y actúan como si nada ocurriera. Tanto así que hoy se comenta, sin pudor alguno, que alrededor de 80 de los 130 congresistas ya estarían alistando su postulación al Senado o a la Cámara de Diputados en abril de 2026, como si el descrédito no existiera y el país les debiera una nueva oportunidad.
El tamaño de su ego parece proporcional a su desconexión con la realidad. No se dan cuenta (o no quieren darse cuenta) de que la gente no los quiere. Los huevazos, los insultos y hasta objetos contundentes lanzados por la masa no los incomodan ni los hacen reflexionar; los asumen como parte del paisaje.
Y ese es, quizá, el problema más grave: un Congreso que ya no siente vergüenza, que perdió el contacto con la ciudadanía y que sigue legislando de espaldas al país. Cuando el poder deja de escuchar al pueblo, deja también de tener legitimidad.
Así que el 2026 no se sorprendan si la gente no vota por ellos.
